Extienden suspensión hasta el 12
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, en reunión plenaria, extender la suspensión de actividades en todas las circunscripciones judiciales del país hasta el 12 de abril, en atención a la emergencia sanitaria para evitar la propagación del coronavirus en Paraguay. Los jueces en lo Civil y Comercial de Capital podrán trabajar desde sus casas, mediante el expediente electrónico.
En su sesión, la CSJ modificó el artículo 5º de la Acordada 1.366/20, para prolongar la suspensión de actividades hasta el domingo 12 de abril en las jurisdicciones Penal, Civil y Comercial y Laboral, tanto en Primera Instancia como en los Tribunales de Apelación. La medida rige en todas las circunscripciones judiciales del país y del Tribunal de Cuentas.
Los ministros de la máxima instancia judicial aprobaron reanudar los plazos, desde el próximo lunes, en los juicios que se tramitan en los juzgados y tribunales de la jurisdicción Civil y Comercial de la Capital que cuenten con el expediente o el trámite judicial electrónico.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, aclaró que no se podrán retirar expedientes de los juzgados y que las autenticaciones de documentos se harán también de manera virtual. Lamentó que no se podrá implementar el mismo procedimiento con las otras circunscripciones del país, ya que no tienen aún el expediente electrónico.
“Nos planteamos la hipótesis de que los abogados de Paraguarí, de Salto del Guairá, de Pilar, de San Pedro, tendrían el interés de seguir trabajando, pero ante la imposibilidad física o material de hacerlo, decidimos por lo menos hacerlo en la Capital”, expresó Martínez Simón. Recordó luego a los magistrados, funcionarios judiciales y profesionales abogados, que no deben asistir al Palacio de Justicia de Asunción para realizar trámite alguno, pues el mismo permanecerá cerrado.
Cualquier tramitación deberá realizarse en forma electrónica, salvo las puntuales excepciones previstas en el Protocolo aprobado por la Corte Suprema de Justicia y que fue publicado en la página web oficial.
Hasta ayer eran en total 362 las personas que fueron imputadas por la Fiscalía por los delitos de resistencia y violación a la cuarentena sanitaria.
También la fiscala Silvia Cabrera, de la Unidad de Derechos Humanos, solicitó ayer informes al viceministro de Seguridad Interna, del Ministerio del Interior, Carlos Altemburger, sobre los supuestos abusos físicos y de autoridad que habrían cometido efectivos de la Policía Nacional y del Grupo Lince, para hacer cumplir la cuarentena sanitaria impuesta por el Gobierno, y que fueron difundidos en vídeos en las redes sociales.
La fiscala requirió que se le informe en la brevedad posible en qué lugares y cuándo ocurrieron los abusos cometidos supuestamente por los agentes policiales contra ciudadanos que habrían incumplido la restricción.
Igualmente, la agente del Ministerio
Público pide que se le informe quiénes fueron los uniformados intervinientes y los aprehendidos. También si los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
Para Cabrera, los informes requeridos son fundamentales para avanzar en las investigaciones de manera a determinar la responsabilidad o no de los agentes del orden en los presuntos abusos.
En los vídeos difundidos en las redes sociales puede verse cómo agentes del Grupo Lince persiguen a una persona con una picana eléctrica, o a ciudadanos que son detenidos y sometidos a “descuereo”, y otras eran obligadas a decir “no volveremos a salir de nuestras casas, señor lince”, mientras que en otras filmaciones se ve a policías cuando dan cachiporrazos a personas que no respetaron la cuarentena.