Repugnantes privilegios de funcionarios.

Según parece, el coronavirus obró el milagro de que el Poder Ejecutivo y el Congreso hayan advertido la necesidad de poner coto al malgasto público, evocando así los dichos “no hay mal que por bien no venga” y “más vale tarde que nunca”. De cualquier manera, es una buena noticia y es de esperar que la plausible idea llegue a buen puerto. Que no sean solo anuncios para tratar de calmar las aguas en plena tormenta. En efecto, en las últimas semanas surgieron varias iniciativas tendientes a combatir los privilegios, para reforzar la atención de la salud pública. Como era previsible, los sectores interesados en defender sus ventajas objetaron tales propuestas. Es plausible que en los dos Poderes del Estado mencionados se haya atendido el repudio ciudadano a que el Estado se ha convertido en una suerte de “autoservice” para quienes ocupan cargos públicos. Parece que, por fin, se ha tomado nota de que la paciencia de la población tiene un límite, señalado en esta ocasión por la necesidad de precautelar la vida, transfiriendo a la salud pública recursos que allí tendrían un mejor destino que en los bolsillos de los burócratas.

Según parece, el coronavirus obró el milagro de que el Poder Ejecutivo y el Congreso hayan advertido la necesidad de poner coto al malgasto público, evocando así los dichos “no hay mal que por bien no venga” y “más vale tarde que nunca”. De cualquier manera, es una buena noticia y es de esperar que la plausible idea llegue a buen puerto. Que no sean solo anuncios para tratar de calmar las aguas en plena tormenta. En efecto, en las últimas semanas surgieron varias iniciativas tendientes a combatir los privilegios, para reforzar la atención de la salud pública, empezando por la pronta sanción y promulgación de la Ley Nº 6524/20, que dispone medidas administrativas, fiscales y financieras tendientes a enfrentar la pandemia.

Como era previsible, los sectores interesados en defender sus privilegios objetaron el anuncio del ministro de Hacienda, Benigno López, de que el decreto reglamentario incluiría tres meses de recortes salariales, de entre el 10% y el 20%, para quienes en la función pública cobren el equivalente a más de cinco salarios mínimos, así como la prohibición de que en las entidades binacionales se gane más de los 37 millones de guaraníes mensuales cobrados por el Presidente de la República. Entre las reacciones contrarias a semejantes pretensiones se destacan la de sindicalistas de Itaipú Binacional –poco menos que con un chantaje de que sabotearían la represa– y la de la Asociación de Magistrados. Fueron tan enérgicas que se creyó oportuno postergar la emisión del acto administrativo.

El Ministerio Público hace bien, desde ya, en investigar si quienes, en una insolente nota dirigida al director Ernst Bergen, amenazaron con interrumpir las operaciones de la usina hidroeléctrica, incurrieron en los delitos de coacción y de perturbación de los servicios públicos en grado de tentativa. Nadie ignora que en las entidades binacionales se cobran salarios de escándalo, obscenos, si se quiere, comparando con lo que gana el resto del sector público, ya de por sí bastante bien remunerado. Sirva como ejemplo que la directora jurídica de Itaipú Binacional, Iris Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio Ovelar (ANR, abdista), gana al mes la friolera de 105.610.810 guaraníes, esto es, más del triple que el Jefe de Estado y más de 50 veces el salario mínimo. ¿Cómo no indignarse cuando el director de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos ,y sus directores, se las dan de generosos donando un mes de sus escandalosos sueldos, esperando quizá la gratitud popular? Es notable que haya sido necesaria una extraordinaria pandemia para tomar nota del festín cotidiano que se dan con el dinero público, quienes se han amañado para instalarse en esos dos enclaves que, aunque no escapen a la legislación del país, actúan de hecho como si fueran sendos Estados dentro de nuestro propio territorio alegando una “binacionalidad” para esconder detrás todo tipo de abusos.

Claro que sus directivos y empleados no son los únicos privilegiados en cuanto a remuneraciones, ya que también el funcionariado común y corriente goza de una serie de prerrogativas, envidiables para quienes trabajan en el sector privado. Es de recordar que un estudio comparativo del Banco Interamericano de Desarrollo reveló en noviembre de 2014 que, considerando los respectivos ingresos per cápita nacionales, los burócratas paraguayos eran los mejor pagados del continente. Se entiende que así sea, pues están muy bien representados en el Congreso por sus respectivos padrinos políticos. En cambio, los contribuyentes deben sufrir la voracidad de la clientela, cuyos ingresos son reforzados por una serie de sobresueldos vergonzosos, como la “ayuda alimenticia” que reciben 4.700 funcionarios de la ANDE, o el insólito derivado del “mayor costo de vida”, que beneficia a 370 de ellos. Como es lógico, el enorme dispendio –ajeno a la eficiencia del aparato estatal– se refleja en la composición del gasto público: el 70% de la recaudación tributaria de enero último fue destinado a los salarios, lo que conlleva que las obras de infraestructura deben financiarse, sobre todo, con un mayor endeudamiento.

Los 125 legisladores no se han olvidado de sí mismos, al adjudicarse “gastos de representación”, o sea unas “sobredietas”. Ahora resulta que, respondiendo a la indignación ciudadana, varios de ellos se han dado cuenta, por fin, de que cada año han venido incluyendo en el Presupuesto una serie de gastos innecesarios o exagerados. Han decidido, pues, apoyar un proyecto de ley del senador Sergio Godoy (ANR, cartista) que, entre otras cosas, prevé “fijar topes salariales para las autoridades públicas de rango superior”, de modo que ninguno gane más que el Jefe del Poder Ejecutivo, incluidos quienes prestan servicios en las entidades binacionales. Nada se dice sobre los sueldos de quienes serían alcanzados por el decreto cuestionado, de modo que, en la práctica, la ley propuesta solo afectaría a los capitostes Itaipú y Yacyretá, así como a sus respectivos paniaguados. Con todo, es plausible que, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, se haya atendido el repudio ciudadano a que el Estado se haya convertido en una suerte de “autoservice” para quienes ocupan cargos públicos, electivos o no. Al fin y al cabo, la cuestión es que ellos dejen de ser un medio para el enriquecimiento lícito o ilícito y que la política salarial no afecte la prestación de servicios esenciales, como la sanidad.

Parece que, por fin, se ha tomado nota de que la paciencia de la población tiene un límite, señalado en esta ocasión por la necesidad de precautelar la vida, transfiriendo a la salud pública recursos que allí tendrían un mejor destino que en los bolsillos de los burócratas. Por eso, una vez más, si hay algo que celebrar en medio del drama causado por la pandemia, es que en las altas esferas políticas se estaría viendo la luz. Lo que es de desear es que esa luz no se apague tan pronto desaparezca el coronavirus en nuestro país.