Sindicalistas podrían ser imputados
La Fiscalía investiga a sindicalistas de Itaipú que habrían amenazado por medio de una nota con paralizar la hidroeléctrica porque se oponen al descuento de sus salarios como ordenó el Gobierno para luchar contra el covid-19.
Los fiscales Santiago González Bibolini y Silvia Cabrera fueron asignados para investigar la supuesta amenaza de sindicalistas de la Entidad Binacional Itaipú (EBI), con cortar la provisión de energía eléctrica a nuestro país y al Brasil.
Adelantan que los gremialistas se exponen a procesos penales que pueden llegar hasta a cinco años de prisión, o multa.
No obstante, el fiscal González Bibolini fue cauto al manifestar que las investigaciones preliminares determinarán si los sindicalistas cometieron o no delito para que enfrenten un proceso penal.
El agente fiscal refirió que los gremialistas serán investigados preliminarmente por los hechos punibles de “perturbación de servicios públicos”, y “coacción”, previstos en el Código Penal.
La amenaza
Se trata de una nota dirigida al director paraguayo de Itaipú Ernst Bergen Schmidt, fechada el 30 de marzo. Lleva las siglas de nueve sindicatos de Itaipú de los cuales hay firmas ilegibles en cinco de ellas.
Textualmente la nota dice: “Lamentablemente tenemos que comunicar que como sindicatos no vamos a permitir la violación de nuestro Contrato Colectivo de Condiciones
de Trabajo, defendiendo los derechos de los genuinos trabajadores, recurriendo a todas las medidas legales que nos asisten y de ser necesario paralizar la hidroeléctrica”.
Agrega la nota: “En vista que los políticos piensan que mantener y sostener la usina puede hacerlo cualquiera, si son tan valientes porque no se ofrecen solo para mirar una parada de máquina y sabrán lo importante que es un empleado de la hidroeléctrica”.
La Binacional Itaipú tiene por lo menos nueve sindicatos activos, y uno de ellos, el Steibi (que supuestamente firmó la nota), ya habría negado que firmó esta nota en la que se amenaza con cortar la provisión de energía si es que se procede a recortar salarios como había dispuesto el presidente de la República Mario Abdo Benítez. El mandatario ordenó a la Itaipú y a Yacyretá que ningún funcionario gane más de G. 37 millones durante tres meses.