Repudiar a quienes se oponen a la reforma del Estado.

Mientras varios escombros –y sus aventajados “herederos”– continúen en el Poder Legislativo, el camino hacia una reforma del Estado va a estar sembrado de todo tipo de escollos. La primera sesión del Senado destinada a tratar los privilegios existentes en la administración pública no se realizó porque fue boicoteada nada menos que por senadores del oficialismo colorado, Añetete. Por supuesto, el senador de esa corriente Silvio “Beto” Ovelar, cuyos bolsillos y los de su esposa Magnolia Mendoza se llenan mensualmente con unos 150 millones de guaraníes de dinero público, justificó con cualquier pretexto su repudiable actitud. Cabe preguntar si otros legisladores y altos funcionarios –como el vicepresidente Hugo Velázquez–, que se han beneficiado y se benefician abiertamente con sus clientelas del dinero aportado por los contribuyentes, querrán que las cosas cambien en el Estado. ¿Lo querrán los influyentes sindicatos de entes públicos y los de las entidades binacionales que se benefician también con voluminosos salarios y todo tipo de prebendas disfrazadas con diversas denominaciones? Los ciudadanos deben estar atentos para repudiar con energía a quienes seguramente pondrán palos en la rueda para no perder sus privilegios y sus influencias.

Mientras varios escombros –y sus aventajados “herederos”– continúen en el Poder Legislativo, el camino hacia una reforma del Estado va a estar sembrado de todo tipo de escollos. La primera sesión del Senado destinada a tratar los privilegios existentes en la administración pública no se realizó porque fue boicoteada nada menos que por senadores de la bancada del oficialismo colorado, Añetete. Por supuesto, el senador de esa corriente Silvio “Beto” Ovelar, cuyos bolsillos y los de su esposa Magnolia Mendoza se llenan mensualmente con unos 150 millones de guaraníes de dinero público, justificó con cualquier pretexto su repudiable actitud. ¿Querrán este senador y sus colegas Juan Carlos “Calé” Galaverna, Basilio “Bachi” Núñez, Juan Darío Monges, entre otros, que se han beneficiado y se benefician abiertamente con sus clientelas del dinero aportado por los contribuyentes, que algo cambie en el Estado? ¿Lo querrán los influyentes sindicatos de entes públicos y los de las entidades binacionales que se benefician también con voluminosos salarios y todo tipo de prebendas disfrazadas con diversas denominaciones? El propio vicepresidente Hugo Velázquez, que tiene a un ejército de parientes y otros allegados prendidos al Presupuesto nacional, y tuvo que anunciar a la intención del presidente Abdo Benítez de reformar el Estado, ¿querrá un nuevo escenario en el que ya no quepa –o al menos se limite– que el Estado paraguayo siga siendo utilizado como un delivery? Es presumible que no. “Mi profunda decepción para los que inclusive amenazaron al pueblo paraguayo en este momento en que está sufriendo”, dijo el presidente Mario Abdo Benítez sobre algunos sindicatos de Itaipú que pretendieron intimidar con el “cháke” de parar la usina hidroeléctrica si se les recortaban sus prebendas. Estas amenazas y la actitud negativa de los legisladores de Añetete indican que la lucha por cambiar las cosas en un Estado que hoy solo sirve a una casta acomodada, va a ser muy dura. De la necesidad de una reforma del Estado se viene hablando desde hace unos treinta años, sin que hasta hoy nada se haya hecho al respecto, precisamente por barreras como las apuntadas. Por ende, seguimos soportando un exceso de funcionarios y contratados, distribuidos en centenares de órganos, cuyas atribuciones muchas veces suelen estar superpuestas. El ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó que la reforma se haría “lo más rápido posible”, pues la pandemia creará problemas de liquidez en la economía mundial. Esto indica que, aunque los legisladores y los sindicatos mantengan sus privilegios, ya no habrá manera de pagarles. Los primeros resultados ya se verían en el proyecto de ley del Presupuesto nacional, a ser presentado en septiembre. Desde luego, el hecho de que en el sector público no sean muchos los que tienen autoridad moral para encarar una amplia reforma del Estado no impide –sino todo lo contrario– que la ciudadanía apoye la iniciativa del presidente Abdo Benítez. La opinión de la gente en las redes sociales es significativa al respecto, dándole su amplio respaldo, al tiempo de expresar su fuerte repudio a la clase política y a los “padrinos” que hacen y deshacen en el Poder Legislativo. Es plausible por ello que el Gobierno haya auspiciado al respecto un amplio diálogo entre los tres Poderes y representantes de sectores económicos, políticos y sociales, siendo de esperar que sus conclusiones no sean tan estériles como las de las manidas “cumbres de Poderes”. En el acto inaugural, el ministro López afirmó que la cuestión se resume en decidir si se quiere seguir teniendo un Estado grande en algunos sectores y chico en otros. Quizá habrá que rediseñarlo, pero, desde ya es visible que se trata de un aparato estatal exageradamente grande, pues el Presupuesto vigente contempla 304.804 cargos permanentes –unos treinta mil más que el año pasado–, a los que deben sumarse unos 70.000 previstos para los contratados. El ministro aludió antes a la grave coyuntura global, en tanto que el viceministro de Tributación, Óscar Orué, apuntó luego que la recaudación tributaria caerá en abril en 40% y que la economía se recuperará recién dentro de unos cuatro años. Es de enfatizar que la reforma del Estado se impone con independencia de que el erario disponga o no de recursos para mantener el aparato .En efecto, ella era necesaria incluso en tiempos de bonanza, pues también entonces había carencias en cuanto a salud, educación o infraestructura, que no podían ser atendidas porque más del 70% de los ingresos del fisco terminaba en los bolsillos de los funcionarios y contratados. Entre estos abundan corruptos, ineptos y haraganes, que tienen el hábito de lavarse las manos atribuyendo a colegas de otros órganos la obligación de resolver algún problema cuando se presenta. Las entidades públicas proliferan no solo por el obvio deseo de instalar en el Presupuesto a parientes, amigos y correligionarios, sino también porque se cree que una demanda social queda ipso facto satisfecha con la simple creación de una Secretaría o de un Ministerio. Hay órganos de los que el común de los contribuyentes jamás ha tenido noticias, pero allí están, derrochando o robando su dinero. Su personal no tiene mucho que hacer, al igual que los “planilleros” en general. Sobre estos, precisamente el ministro de Hacienda dijo que el problema presupuestario real son “los que ingresan y no trabajan”. La obvia pregunta es: “Y si no tienen nada que hacer, ¿cómo es que sus cargos figuran en el Presupuesto?”. La respuesta la tienen sus padrinos políticos, que son quienes se oponen a toda reforma, como señalamos al principio. Dado que los “planilleros” están de más, su ausencia no afectará la operatividad institucional. Entonces, aparte de removerlos, es preciso suprimir o fusionar cargos, contemplando las obligaciones legales del Estado, si las hubiere. Si hace falta endeudarse, en buena hora: será una excelente inversión, siempre que no se repita la historia. En cuanto a los contratados, urge prescindir de la enorme mayoría de ellos sin indemnizarlos, porque así puede hacerse, ya que fueron incorporados en clara violación de la Ley Nº 1626/00, lo que hace que sus contratos sean nulos de nulidad absoluta. Como en el Palacio de Gobierno también se mencionó a las Municipalidades, viene a cuento que 178 de los 1.270 funcionarios de la Junta Municipal de Asunción hacen de “ayudantes” de 13 ediles, de entre los que se destaca Antonio Gaona (ANR), que dispone de 38. ¡Una aberración! Allí se repite así, en pequeño, lo que ocurre en todo el Estado: los cargos solventados por los contribuyentes responden, sobre todo, a una práctica clientelística en la que se conjugan la desvergüenza y el parasitismo. Es de desear que el intento en marcha de reformar el Estado no implique una nueva estafa a la gente, harta de sostener una vasta, corrupta e ineficiente administración pública, al servicio de sí misma y de los capitostes políticos. El presidente Mario Abdo Benítez, si es sincero en esta ocasión, no debe retroceder en su magnífica iniciativa de meter el bisturí en el anquilosado y gigantesco Estado, y los ciudadanos deben estar atentos para repudiar públicamente y con energía a quienes seguramente pondrán palos en la rueda para no perder sus privilegios y sus influencias.