Intendente va a disponer de G. 2.000 millones sin control
Un pacto entre concejales del PLRA leales al intendente Raúl Mendoza (llanista) y el presidente de la Junta Municipal, Manuel Gómez (ANR, Añetete) permitió la aprobación de un préstamo de G. 2.000 millones que usará discrecionalmente el jefe municipal para pagar sueldos y comprar víveres.
SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). El 50% del crédito será destinado al pago de sueldos de abril y mayo, mientras que la otra mitad será utilizada para la compra de alimentos a ser distribuidos a las familias afectadas por la emergencia sanitaria, según la resolución.
El voto del presidente de la Junta Municipal, Manuel “Manolo” Gómez (colorado abdista), facilitó la aprobación del préstamo. Este, hasta el año pasado era un férreo opositor a la administración de Raúl Mendoza (liberal llanista), pero llamativamente cambió de postura desde enero de este año.
La concejala sentimental del y pareja intendente,
Lourdes Espínola (PLRA), solicitó la aprobación del pedido del ejecutivo. El plan original estipulaba destinar el 75% a gastos corrientes y solo el 25% para adquisición de kits de alimentos, pero fue modificado y finalmente el 50% quedó para alimentos.
“Solo se logró modificar el uso del 50% del préstamo para alimentos y la otra mitad para gasto corriente y también quisimos introducir en el documento algunas medidas de control especial, pero ni siquiera fue considerado por el presidente, quien levantó abruptamente la sesión”, expresó el concejal Juan Fernández (PDP).
La Junta Municipal exime al intendente de presentar informes del uso de los G. 2.000 millones porque se está en una emergencia sanitaria.
Fernández dijo que solicitaron al ejecutivo comunal un informe actualizado de la disponibilidad de caja, pero que no fueron informados. Añadió que en enero la administración municipal tenía casi G. 3.000 millones.
Una de las medidas que un grupo de concejales propuso implementar, sin éxito, es la obligatoriedad de que en 90 días se presente a la Junta Municipal un plan de cobertura de la deuda contraída. Dicho proyecto debía contener la proyección de ingresos y egresos que cubran el endeudamiento planteado, más costos y servicio de la deuda.
Igualmente, se pretendió establecer en vano un plazo
de 30 y 60 días para la presentación de rendición de cuentas y control que contengan detalles del uso, ejecución, aplicación y destino del dinero. Otro de los puntos obviados fue el de obligar a la Intendencia realizar una audiencia pública en un plazo no mayor de 45 días después del levantamiento de la medida de urgencia sanitaria, para rendir cuentas del uso del dinero.