Darán padrón de abogados de elecciones para el CM
En la sesión plenaria de la Corte Suprema del próximo miércoles ya se tendrían los resultados de las tachas y reclamos que realizaron los abogados al prepadrón que será utilizado en las elecciones de representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM).
La Corte no ha proporcionado la cantidad de reclamos de abogados que solicitan la inclusión de sus nombres en el padrón.
Pero según los datos preliminares, en el prepadrón están habilitados más de 31.000 abogados, de un total de casi 55.000 que se matricularon ante la Corte Suprema. Es decir, unos 24.000 abogados quedaron excluidos o no están habilitados por diversos motivos para participar de las elecciones fijadas para el 23 de mayo próximo.
La mayoría de los abogados excluidos son los que figuran como funcionarios públicos, que por decisión en mayoría de la plenaria de la Corte, serán apartados por no reunir las condiciones previstas en la Constitución Nacional.
Los ministros de Corte que habían votado por excluir a los abogados funcionarios como jueces, agentes fiscales, defensores públicos, síndicos, policías, militares y funcionarios públicos en general argumentaron que estos están impedidos, por ley, de poder ejercer la profesión.
El otro argumento utilizado por los ministros de Corte es que los abogados matriculados que están habilitados para votar deben igualmente poder ser elegidos, requisito que tampoco cumplen los funcionarios públicos que tienen matrícula de la profesión.
Los ministros que votaron por excluir a los funcionarios abogados son Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo.
Los ministros de Corte que votaron por no excluir a los abogados funcionarios son Gladys Bareiro, Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Antonio Fretes.
Las posiciones contrarias sumaron cuatro votos por sector, pero el presidente de la Corte Suprema, Martínez Simón, había desempatado a favor de la exclusión. Un posterior pedido de reconsideración fue rechazado, con lo cual se ratificó la exclusión de funcionarios abogados.