Corte define preopinante y orden en el que votarán en caso de las DD.JJ.
La Corte Suprema de Justicia sorteó ayer el voto preopinante y el orden en el que deberán emitir su parecer los miembros de la máxima instancia judicial en el caso que analiza la publicidad de las declaraciones juradas.
En un sorteo transmitido vía YouTube se anunció ayer el voto preopinante en un caso considerado clave para el derecho de acceso a la información pública.
Guido Cocco, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil Segunda Sala de Asunción, será el preopinante del caso.
Cocco fue el último magistrado en aceptar integrar la Sala Constitucional de la Corte Suprema para estudiar la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para no cumplir dos sentencias que obligan a publicar las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.
En un hecho único o al menos no habitual, la Corte sorteó incluso el orden que seguirá el expediente para que los miembros se vayan expidiendo.
El segundo en votar será el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón. Le seguirán el ministro Manuel Ramírez Candia y el magistrado Marcos Riera Hunter.
El cuarto voto será el del ministro Eugenio Jiménez Rolón, seguido por los magistrados Valentina Núñez y Óscar Paiva.
El octavo voto será el de la ministra Carolina Llanes y el último será de la magistrada María Mercedes Buongermini, también miembro de un tribunal de apelación del fuero civil.
Prometieron celeridad
Ya con el sorteo del voto preopinante, el expediente comenzará a correr para que los miembros de la Sala Constitucional, ampliada al pleno de la máxima instancia judicial, vayan emitiendo sus votos. “Esta cuestión se ha dilatado en exceso”, reconoció el miércoles pasado el ministro Martínez Simón.
“Un compromiso de todos nosotros es hacer lo antes posible la sesión pública donde cada integrante explicará su voto o se adhiera al voto de otros integrantes de esta Sala Constitucional ampliada”, aseveró Martínez Simón. “Vamos a hacer el seguimiento para que sea
lo más rápido posible”, agregó el presidente de la máxima instancia judicial.
Un caso que lleva dos años
El pleno de la Corte debe estudiar una acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría contra dos sentencias judiciales que ordenaron al ente a liberar la información.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida en julio del año 2018 por el entonces contralor Enrique García, contra las sentencias que aprobaron la divulgación de las declaraciones juradas de bienes de todas las autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo los ordenadores de gastos, desde 1998 hasta 2017.
El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien accionó judicialmente contra la determinación de la Contraloría de negarse a entregar los datos de bienes.
El Tribunal de Apelación, Primera Sala, ratificó el 7 de junio de 2018 la histórica sentencia con los votos de Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander Dans.
Mientras aseguraba estar a favor de la transparencia, el ahora excontralor Enrique García presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la divulgación en julio de 2018.
La Contraloría alegó que el amparo es inconstitucional porque no es la vía para acceder a las declaraciones juradas y fueron violados los artículos 256, por no fundar el fallo en la ley; 137 de la supremacía constitucional y 17, inciso 9, sobre la garantía procesal de que no se opongan en un proceso pruebas ilegales; así como el artículo 131 de las garantías que deben ser reglamentadas por ley.