Corte Suprema podría definir sobre las DD.JJ. esta semana
La Corte Suprema de Justicia podría definir esta semana si las Declaraciones Juradas de las más altas autoridades de la República son públicas o no.
El pasado viernes, la máxima instancia sorteó el voto preopinante y el orden en el que deberán emitir su parecer los miembros de la máxima instancia judicial.
Guido Cocco, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil Segunda Sala de Asunción, será el preopinante del caso.
Cocco fue el último magistrado en aceptar integrar la Sala Constitucional de la Corte Suprema para estudiar la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para no cumplir dos sentencias que obligan a publicar las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.
El segundo en votar será el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón. Le seguirán el ministro Manuel Ramírez Candia y el magistrado Marcos Riera Hunter.
El cuarto voto será el del ministro Eugenio Jiménez Rolón, seguido por los magistrados Valentina Núñez y Óscar Paiva.
El octavo voto será el de la ministra Carolina Llanes y el último será de la magistrada María Mercedes Buongermini, también miembro de un tribunal de apelación del fuero civil.
Ya con el sorteo del voto preopinante, el expediente comenzará a correr para que los miembros de la Sala Constitucional, ampliada al pleno de la máxima instancia judicial, vayan emitiendo sus votos. “Esta cuestión se ha dilatado en exceso”, reconoció el miércoles pasado el ministro Martínez Simón.
“Un compromiso de todos nosotros es hacer lo antes posible la sesión pública donde cada integrante explicará su voto o se adhiera al voto de otros integrantes de esta Sala Constitucional ampliada”, aseveró Martínez Simón. “Vamos a hacer el seguimiento para que sea lo más rápido posible”, agregó el presidente de la máxima instancia judicial.
Se espera que para esta semana los miembros de la máxima instancia judicial puedan dar a conocer sus votos en un caso que lleva ya casi dos año parado, pues la acción de inconstitucionalidad fue planteada ya en julio de 2018.