Los ladrones comunes se relajan, los públicos están muy activos.
Aparentemente, la pandemia ha hecho que en nuestro país, como en otras partes del mundo, disminuyan los asaltos y, en general, los hechos de violencia. O sea que los delincuentes vulgares se han llamado en gran medida a un retiro temporal, en defensa de su propia vida. Quienes no han hecho una pausa en sus actividades diarias son los delincuentes de guante blanco y, en especial, los instalados en la administración pública. Al contrario, el coronavirus les habría dado la estupenda ocasión de aumentar sus ingresos ilícitos mediante sobreprecios ligados a contrataciones directas, bien orientadas. Tan es así que el Poder Ejecutivo inventó una comisión interinstitucional con la anunciada intención de controlarlos, de alguna manera. Es improbable que sean disuadidos de persistir en unas corruptelas en las que están bien entrenados, aunque a veces cometan la torpeza de exagerar la codicia y quedar así en evidencia. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y sus agentes tienen mucho que hacer en estos días, y, al menos, es de esperar que traten de no seguir dando la impresión de que ignoran el principio de igualdad ante la ley.
Aparentemente, la pandemia ha hecho que en nuestro país, como en otras partes del mundo, disminuyan los asaltos y, en general, los hechos de violencia, salvo en el ámbito doméstico. O sea que los delincuentes vulgares se han llamado en gran medida a un retiro temporal, en defensa de su propia vida. Quienes no han hecho una pausa en sus actividades diarias son los delincuentes de guante blanco y, en especial, los instalados en la administración pública. Al contrario, el coronavirus les habría dado la estupenda ocasión de aumentar sus ingresos ilícitos
mediante sobreprecios ligados a contrataciones directas, bien orientadas. Tan es así que el Poder Ejecutivo inventó una comisión interinstitucional con la anunciada intención de controlarlos, de alguna manera. Es improbable que sean disuadidos de persistir en unas corruptelas en las que están bien entrenados, aunque a veces cometan la torpeza de exagerar la codicia y quedar así en evidencia.
Se diría que tal es el caso de Édgar Melgarejo, exjefe de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y asesor del Consejo de Presidentes de Seccionales Coloradas. Tras el escándalo de los valiosísimos barbijos, acaba de revelarse que estuvo dispuesto a pagar 1.290 millones de guaraníes por dos “sistemas de medición de temperatura corporal”, para el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El sobre del único oferente invitado fue abierto el 16 de marzo y el contrato firmado el mismo día. Llamativamente, el 20 de marzo el aeropuerto dejó de operar. Como si hubiera sido una operación rutinaria,
Melgarejo no recuerda “exactamente” el nombre de la firma contratada –Winner SRL– ni los detalles de la costosísima compra. El olvidadizo personaje, a quien el Presidente de la República le dio las gracias por los servicios cumplidos, tiene el descaro de negar toda responsabilidad en el asunto y de atribuirla solo a la Unidad Operativa de Contratación, ya que, como “máxima instancia”, no le habría correspondido, “según la ley”, verificar el proceso antes de firmar el contrato. Lo alegado es tan absurdo que no merece mayores comentarios, a diferencia de la circunstancia de que solo guarde arresto domiciliario por la presunta sobrefacturación de los tapabocas, al igual que cuatro de sus exsubordinados. De hecho, se halla en la misma situación que las personas hoy obligadas a quedarse en casa,
aunque no existan indicios de que hayan delinquido. Así lo quiso el juez Rolando Duarte, cuyo hermano Juan Carlos
–asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá– es amigo íntimo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, ex fiscal general adjunto y jefe político de Melgarejo. El Ministerio Público, que había pedido su prisión preventiva, no apeló la generosa decisión, lo que también sería atribuible a que allí están instaladas dos hermanas del imputado por el delito de lesión de confianza. La intrincada red de conexiones que existe entre los políticos y los jerarcas del aparato estatal mueve a sospechar de las decisiones que se toman en los ámbitos administrativo y judicial cuando tienen que ver con algún político o funcionario importante. Si se tratara de algún ladrón de bicicletas, estaría recluido en una cárcel.
También es llamativo que Melgarejo se haya presentado ante el juez el jueves 30 de abril, en vísperas de un feriado y de un fin de semana, pudiendo haberlo hecho recién el lunes 4 de mayo. Si así lo hizo, fue porque estaba seguro de que no estaría preso durante esos días. Quizá tampoco sea irrelevante que el 26 de marzo, el entonces jefe de la Dinac haya entregado a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tapabocas, guantes de látex y uniformes de bioseguridad, entre otras cosas, para que sean distribuidos en las unidades de turno y en las dependencias técnicas del Ministerio Público. La receptora se mostró muy agradecida. Es como para pensar que los agentes fiscales Osmar Legal, Federico Delfino y Alicia Sapriza habrían solicitado la prisión preventiva solo para guardar las apariencias.
No se sabe si, bajo la presidencia de Patricia Samudio, Petróleos Paraguayos (Petropar) hizo una donación similar al citado órgano, ni si ella tiene allí parientes cercanos, o es allegada de Hugo Velázquez. No obstante, conviene que la ciudadanía esté atenta a los resultados de la pesquisa en curso con respecto a las mascarillas, los termómetros y el agua tónica contra el coronavirus adquiridos por esa empresa.
No estaría mal que el Ministerio Público abra otra investigación en torno al rescindido contrato del Ministerio de Salud Pública con las firmas Insumos Médicos SA y Eurotec SA, que provocó la renuncia –“por razones personales”– de tres altos funcionarios que intervinieron en el fétido y multimillonario asunto. Tampoco sería ocioso que hurgue en la abortada compra de un software para el Instituto de Previsión Social, aunque la presunta corruptela no haya tenido que ver con el estado de emergencia sanitaria. Como se ve, Sandra Quiñónez y sus agentes fiscales tienen mucho que hacer en estos preocupantes días, y, al menos, es de esperar que traten de no seguir dando la impresión de que ignoran el principio de igualdad ante la ley.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben estar más vigilantes que nunca durante esta pandemia, porque si los ladrones comunes han mermado sus actividades, los del sector público están muy activos, recurriendo a fechorías diversas para esquilmar las arcas públicas.