Aprovechan la cuarentena para robar.

La Contraloría General de la República emitió un informe contundente sobre la compra directa de mascarillas, camas para terapia intensiva y equipos de bioseguridad, por un valor de 85.220 millones de guaraníes, realizada por el Ministerio de Salud Pública. La presunta operación fraudulenta fue realizada en perjuicio del erario y en provecho del empresario Justo Ferreira, ligado a las firmas Insumos Médicos SA y Eurotec SA. Los bienes adquiridos fueron rechazados por el Ministerio. Esta institución no ha formulado aún la denuncia exigida a los funcionarios que sepan de un delito de acción pública. El Dr. Julio Mazzoleni tiene hoy una ardua tarea sanitaria, pero no debe descuidar los aspectos administrativos de su gestión, ya que es el ordenador de gastos de esa cartera y tiene al menos la responsabilidad política por las corruptelas perpetradas o intentadas bajo su desempeño. Por tanto, debe hacer el mayor esfuerzo para despegarse de ellas, denunciando de inmediato las irregularidades que detecte.

La Contraloría General de la República emitió un informe contundente sobre la compra directa de mascarillas, camas para terapia intensiva y equipos de bioseguridad, por un valor total de más de 85.220 millones de guaraníes, realizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). La presunta operación fraudulenta fue realizada en perjuicio del erario y en provecho del empresario Justo Ferreira, ligado a las firmas Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA ,e indiciado de emitir documentos falsos para proveer fármacos indios como si fueran brasileños. Los bienes adquiridos –previo pago de un anticipo de 17.050 millones de guaraníes, no previsto en el pliego de bases– fueron rechazados por el Ministerio, que el 5 de mayo notificó la rescisión de los contratos a ambas firmas, con domicilio legal en la misma dirección.

El documento de la Contraloría menciona varias irregularidades graves, atribuibles a una supuesta colusión entre funcionarios y contratistas. Es plausible que el Ministerio Público haya intervenido de oficio en este repulsivo asunto, pues el ministro Julio Mazzoleni no ha formulado aún la denuncia exigida por el art. 286 del Código Procesal Penal a quienes, ejerciendo una función pública, sepan de un delito de acción pública. Su renuencia respondería a que, en su opinión, no se habría cometido ningún delito. Más aún, parece que ni siquiera se habría incurrido en una de las faltas graves previstas en la Ley Nº 1626/00, ya que ni tan solo se ha pedido a la Secretaría de la Función Pública que instruya un sumario administrativo.

Lo antedicho surge de que, el 30 de abril, el MSPyBS se limitó a informar a la ciudadanía que la Dra. Lourdes Rivaldi y el Lic. Alcides Velázquez renunciaron a sus respectivos cargos de directora general de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y director general de Administración y Finanzas. En ambos casos, la decisión habría sido tomada “por razones personales y en el afán de facilitar la gestión de esta cartera de Estado”. Como si no bastara con la tomadura de pelo, el Ministerio “agradece la dedicación que ambos funcionarios han tenido siempre para con la institución”. Si los dimisionarios –que por pura coincidencia tuvieron “razones personales” simultáneas al estallar el escándalo– quisieron “facilitar la gestión ministerial”, es porque, al menos, la dificultaron con las acciones u omisiones que quizás el ministro conoce y no se atreve a revelar. También sería una mera casualidad que el jefe de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), Pablo Lezcano, igualmente haya tenido “razones personales” para dimitir. Una epidemia de “razones personales” que a la gente le gustaría conocer en qué consisten, porque estamos ante un asunto muy serio que perjudica enormemente al erario, más aún en un estado de emergencia sanitaria.

Estos funcionarios seguirían en el MSPyBS, acaso en el “freezer”, cobrando a fin mes para no hacer nada, tras haber jugado un gran papel en el mayúsculo fiasco. Si son de carrera, deben ser expulsados del servicio público, previo sumario administrativo, sin perjuicio de que, si el Ministerio Público halla indicios para imputarlos, sean suspendidos, con goce de sueldo, hasta que se dicte la prisión preventiva; si fueran condenados, deben ser punidos, además, con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos a cinco años. Eso es lo que establece la ley.

Pero hay más en esta indignante historia, en la que al negociado urdido afecta al ministro, quien debe actuar con claridad y mano dura para no afectar su reputación y la sólida imagen que ha ganado por su actuación en esta delicada coyuntura. En este sentido, hemos venido insistiendo en la necesidad de evitar la designación de personas que ya han tenido al menos una sospechosa actuación anterior. Es lo que se ha repetido esta vez. En efecto, la nueva jefa interina de la Dinavisa es nada menos que María Antonieta Gamarra Mir, esposa del exministro de Salud Pública y exsenador Julio César Velázquez, destituido como consejero del Instituto de Previsión Social tras el affaire de los equipos y del personal de seguridad contratados con Óscar Chamorro Lafarja . Es innegable que la flamante directora tiene una vasta experiencia en el ámbito sanitario, ya que sería regente de varios laboratorios y que, según publicaciones no desmentidas, estaría vinculada con Libra Paraguay SA, importadora y productora de medicamentos. Aún más, en 2014 fue denunciada porque presuntamente presionó para que esa firma ganara una licitación pública relativa a la provisión de fármacos. Se desprende así que habría un conflicto de intereses entre su actual cargo y el de sus labores en el sector privado.

El Dr. Mazzoleni tiene hoy una ardua tarea sanitaria, pero no debe descuidar los aspectos administrativos de su gestión, ya que es el ordenador de gastos del MSPBS y que tiene al menos la responsabilidad política por las corruptelas perpetradas o intentadas bajo su desempeño, por lo que debe hacer el mayor esfuerzo para despegarse de ellas, denunciando de inmediato las irregularidades que detecte. En base a las últimas experiencias, haría bien en atender la gestión de quienes están al frente de la Dirección de Administración y Finanzas, de la UOC y de la Dinavisa.

Coincidentemente, el obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, exhortó el último domingo a “tomar con seriedad todas las situaciones sospechadas de corrupción, para que la ciudadanía no pierda la confianza en sus autoridades”, dado que “algunas van por caminos muy equivocados”. Quienes se extravían, movidos por la codicia, tienen que conocer el rigor de las normas administrativas y penales. Ejerciendo sus respectivas competencias, el Poder Ejecutivo y el Judicial deben actuar con rapidez y energía para poner coto a tanta desvergüenza. Una tarea destacada debe corresponderle en estos momentos a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez. Es preciso que vaya más allá de la simple “investigación” a que nos tiene acostumbrados, sin que luego se conozca a los culpables de las fechorías, con lo que los hechos delictivos se reiteran indefinidamente. Es intolerable que mientras el estado de emergencia conlleva sacrificios para la población, que se ve enclaustrada en sus hogares, los corruptos de siempre utilicen la oportunidad para el enriquecimiento ilícito, con la condescendencia de los encargados de perseguirlos.