Los pedrojuaninos se merecen un mejor intendente.

El intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, cruzó la frontera con Brasil tras exhibir su prepotencia e increpar fuertemente a los militares de guardia. Más tarde retornó del vecino país, donde la pandemia está llegando a niveles alarmantes, ingresando sin problemas, a diferencia de muchos compatriotas que deben esperar durante días para hacerlo y ser ubicados en albergues. El Poder Ejecutivo relevó al jefe militar que autorizó la salida, y el Ministerio Público imputó a Acevedo por “resistencia” y por violar la cuarentena, al tiempo de ordenar su detención y pedir su prisión preventiva. El hecho de que la protesta ciudadana haya frustrado un nuevo trato privilegiado es digno de encomio. Sobre su gestión como intendente hay un pedido de intervención de la Municipalidad, basado en un informe de la Contraloría General, de supuestas irregularidades. Más allá de sus gestiones administrativas, los compatriotas ya tienen una clara idea de la personalidad que lo “adorna”. Todo indica que representa lo peor del político paraguayo.

Antes de pasar a Ponta Porã (Brasil), tras un permiso irregular arrancado por teléfono al general Leonardo Ibarrola, comandante de Operaciones de Defensa Interna, por mediación del Tte. Cnel. Luis Apesteguía, portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta, el prepotente José Carlos Acevedo increpó a los efectivos militares del puesto fronterizo con las siguientes palabras: “Soy el intendente de Pedro Juan Caballero. Mba’e la peipotáva (Qué es lo que quieren), carajo”. Por si no sabían con quién estaban hablando, agregó que es hermano del gobernador Ronald Acevedo y del senador Roberto Acevedo. Tras obligar a los confundidos militares a realizar llamadas telefónicas, cruzó la frontera. Horas más tarde volvió del vecino país, donde la pandemia está llegando a niveles alarmantes. Ingresó sin problemas, a diferencia de muchos compatriotas que deben esperar durante días para hacerlo y ser ubicados en albergues, en cumplimiento de la cuarentena obligatoria. El centro interinstitucional de apoyo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social no fue avisado de la salida ni del retorno del intendente, como si las “autoridades municipales” estuvieran exceptuadas de acatar el decreto sobre el cierre de fronteras. En verdad, sus aludidos parientes no le van en zaga en cuanto a prepotencia y mala educación. En efecto, en abril pasado, el gobernador Ronald amenazó con expulsar a los militares que custodiaban la línea fronteriza, que abrieron una zanja y colocaron alambres para evitar que los vehículos cruzaran entre Pedro Juan y Ponta Porã. En medio de la noche, desconocidos cortaron posteriormente las alambradas. Por su parte, el senador Robert acusó de “banda y narcotraficante” a la fiscala Katia Uemura, disconforme con una actuación de la misma. ¡En buenas manos está la capital del Amambay! El hecho de que los tres hermanos pertenezcan al PLRA, demuestra que el “mbarete”, de triste práctica sobre todo durante la dictadura, no es exclusivo del Partido Colorado. No hace mucho, otro liberal, el diputado Édgar Ortiz, atropelló una barrera sanitaria en Encarnación, alegando después la pueril excusa de que una diarrea lo impulsó a hacerlo. Desde ya, es plausible que los apoderados del citado partido opositor hayan pedido a su presidente Efraín Alegre que el fiscal partidario inicie una investigación sobre el caso Acevedo, “dadas estas circunstancias extremadamente graves”. Aprovechando la oportunidad, tampoco estaría mal que investigue una conducta similar del diputado Ortiz, y la de la exsenadora María Eugenia Bajac, protagonista del recordado escándalo del viaje a Perú, quien, tras su retorno, ignoró la cuarentena desarrollando varias actividades, dando positivo al covid-19, al igual que otras personas con las que estuvo en contacto. Entretanto, el Poder Ejecutivo relevó al general Ibarrola y el Ministerio Público imputó a Acevedo por “resistencia” y por violar la cuarentena, al tiempo de ordenar su detención y pedir su prisión preventiva. El intendente pedrojuanino cumple el aislamiento en un cuartel militar de Concepción, tras haberse anunciado que estaría recluido en su domicilio o que estaría encerrado en un hotel de la ciudad fronteriza. El hecho de que la protesta ciudadana haya frustrado un nuevo trato de privilegio es digno de encomio y muestra que la opinión pública no siempre resulta impotente ante el trato de favor que reciben los poderosos cuando violan ciertas normativas. En este sentido, cabe recordar el incidente que involucró al empresario Karim Salum, beneficiado por la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y por la agente fiscal Teresa Sosa, para que tras regresar de un viaje al exterior fuera enviado tranquilamente a su residencia para guardar la cuarentena, pero que luego de conocerse su caso y las críticas de la gente, también fue llevado a un albergue. Como señalamos, la arbitrariedad tiene una larga tradición. No es nada raro que la “ley del mbarete” siga prevaleciendo sobre una ley formal. A esa misma deplorable tradición responderían los clanes que controlan ciertas ciudades o regiones del país mediante –duele decirlo– el voto popular, fundado en el clientelismo, en la retribución de favores otorgados mediante el poder político o económico. Esos arcaicos grupos familiares, más propios del Medioevo, se benefician así de la pobreza y de la ignorancia provocadas o fomentadas por ellos mismos. Para advertir su vigencia basta con mencionar, a más de los Acevedo de Pedro Juan Caballero, a los liberales Gómez Verlangieri de Limpio, y a los colorados Rivas de Ybycuí, los Núñez de Villa Hayes, los Zacarías Irún de Ciudad del Este, los González Daher de Luque. Es decir, los clanes pueden imperar no solo en pequeñas localidades aisladas, sino incluso en capitales departamentales y en municipios importantes, en las puertas de Asunción. Aún hay mucho que hacer para derrotar a esta suerte de señores feudales, tan propensos a la corrupción y al atropello. Por de pronto, cabe repetirlo, es saludable que la ciudadanía haya repudiado al protagonista del episodio en cuestión, lo que nos importa a todos y no solo a los pedrojuaninos. En verdad, un buen ciudadano no debe mostrarse indiferente ante las barbaridades cometidas en cualquier punto del país. Por eso, los intendentes que roban, que se extralimitan o cometen algún crimen allí donde sea, deben ser censurados no solo por los pobladores del lugar, directamente afectados, sino también por sus compatriotas honestos y no solo por solidaridad con sus víctimas: al fin y al cabo, los fondos transferidos a las municipalidades por el Ministerio de Hacienda pertenecen a todos. Se trae a colación esta problemática atendiendo a que, en enero de este año, la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero pidió a la Cámara de Diputados que la municipalidad sea intervenida, fundada en que la Contraloría General de la República constató que, en el ejercicio fiscal 2018, de los 4.150 millones de guaraníes aportados a entidades sin fines de lucro, como las comisiones vecinales, 4.062 millones incumplieron los requisitos legales. Queda en manos de los diputados resolver la solicitud. Entretanto, más allá de la gestión administrativa del intendente Acevedo, los compatriotas ya tienen una clara idea de la personalidad que lo “adorna”. Todo indica que representa lo peor del político paraguayo, siendo de lamentar que no sea el único en su especie. Sus correligionarios, en particular, deben sentir vergüenza ajena y sus conciudadanos, en general, una indignación mayúscula. En definitiva, la capital del Amambay merece un mejor intendente.