US$ 100 millones de EBY e Itaipú irían al Presupuesto
Unos US$ 100 millones de “gastos” sociales de Yacyretá e Itaipú se incorporarían al presupuesto general. Pero la poca producción de energía actual de la represas bajará mucho el monto, dijo el senador Miguel Rodríguez (FG).
El proyecto de ley aprobado con modificaciones en el Senado la noche del miércoles dispone incorporar al presupuesto general los denominados “gastos socioambientales” de las entidades binacionales Itaipú y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), lado paraguayo. Esos gastos sociales son, aproximadamente, de US$ 80 millones en Itaipú y US$ 20 millones de EBY, totalizando unos US$ 100 millones.
Sin embargo, el senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez (Frente Guasu), exdirector de Yacyretá, advirtió que en estos momentos existe una fuerte reducción en la producción de energía por parte de las dos entidades, por lo cual los montos destinados a gastos sociales se verán drásticamente reducidos. En el caso de Itaipú estaría produciendo menos de la mitad y en el caso de Yacyretá, la producción sería de un tercio de lo que produce normalmente.
El senador apuntó también que el proyecto aprobado dispone que el presupuesto de las binacionales que ingrese al presupuesto general de gastos de la Nación no podrá ser destinado a cubrir gastos rígidos del Estado. Deberán destinarse exclusivamente para obras de infraestructura de la ANDE, Salud y Educación. Estos fondos estarán “blindados” para ese destino, establece el proyecto de ley.
El proyecto original fue modificado, con una propuesta de la bancada de Patria
Querida, porque hablaba de incorporar todo el presupuesto de las binacionales al presupuesto general.
Sin embargo, de hecho los ingresos por royalties y otras compensaciones de ambos entes a nuestro país están incorporados actualmente al presupuesto general.
Igualmente, se eliminó del proyecto original el artículo que disponía dejar sin efecto las normas y contratos colectivos de trabajo vigentes en ambas entidades.
Asimismo, se descartó otro artículo que otorgaba un plazo de 30 días, a partir de la vigencia de la ley, para que los funcionarios de ambas entidades en desacuerdo con la ley comuniquen a sus directores su decisión de desvincularse laboralmente. También establecía que estos funcionarios no podían ser contratados o nombrados en ninguna institución pública por un plazo de 10 años.
Estas disposiciones fueron consideradas inconstitucionales por algunos senadores. Según la norma, el Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para reglamentarla.