Improvisados no son la solución para ciudades y departamentos.

La sede del Gobierno departamental es un bien destinado exclusivamente a la prestación de un servicio público. Por tanto, el gobernador, los concejales y los funcionarios, al igual que los particulares, deben abstenerse de realizar en sus instalaciones actividades ajenas a tal cometido. Incluso fuera de las horas de oficina. Como el gobernador Hugo Javier González (ANR) no comparte esta opinión, creyó apropiado celebrar allí el cumpleaños de su jefe de Gabinete Miguel Ángel Robles, en compañía de más de diez personas, a las que deleitó con la guitarra y el canto, mientras en Villeta se protestaba por la falta de alimentos para escolares. La agente fiscal Mirtha Ortiz imputó al “dueño de casa” y al agasajado por haber infringido la cuarentena sanitaria. Luego, el juez Miguel Ángel Bernardes les benefició con arresto domiciliario, con permiso para asistir a su lugar de “trabajo”. Si fueran vulgares ladrones de bicicletas, el juez no hubiera sido tan benevolente. Quienes no tienen la menor idea de lo que deben y no deben hacer desde el Gobierno pueden ser tan dañinos como los ladrones. Lo ideal sería que las candidaturas sean impulsadas por los ciudadanos y las ciudadanas comunes, y no digitadas por los capitostes políticos.

La sede del Gobierno departamental es un bien destinado exclusivamente a la prestación de un servicio público. Por tanto, el gobernador, los concejales y los funcionarios, al igual que los particulares, deben abstenerse de realizar en sus instalaciones actividades ajenas a tal cometido, incluso fuera de las horas de oficina. Como el gobernador Hugo Javier González (ANR) no comparte esta opinión, creyó apropiado celebrar allí el cumpleaños de su jefe de Gabinete Miguel Ángel Robles, en compañía de más de diez personas, a las que deleitó con la guitarra y el canto, mientras en Villeta se protestaba por la falta de alimentos para los escolares. La agente fiscal Mirtha Ortiz imputó al “dueño de casa” y al agasajado por haber infringido la ley de la cuarentena sanitaria. Luego, el juez Miguel Ángel Bernardes les benefició con arresto domiciliario, con permiso para asistir a su lugar de “trabajo”. Si fueran vulgares ladrones de bicicletas, el juez no hubiera sido tan benevolente.

Apenas se conoció la imputación, el jefe departamental recusó a la agente fiscal, lo que implica que el novato en la función pública ya aprendió de ciertos políticos duchos que vale la pena recurrir a chicanas para trabar una pesquisa o un juicio. La inexperiencia y el cumpleaños de un subordinado no justifican montar una peña en un edificio público ni violar la “cuarentena inteligente”.

Conste que no es la primera vez que el exanimador de fiestas –respetable oficio– incurre en un mayúsculo desatino, dado que en agosto de 2018, siendo gobernador electo, se permitió arengar a los cadetes de la Academia Militar. Como consecuencia, su comandante, el general Agustín Laguardia, fue destituido por Horacio Cartes ,el mismo que promovió la candidatura de “Hugo Javier”, luego de que un colega suyo –Rubén Rodríguez– haya rechazado el mismo patrocinio, aparentemente insatisfecho con la remuneración prometida, aunque habría sido muy superior al sueldo de un gobernador. El actual gobernador fue la pieza de recambio que aceptó la proposición.

Desde luego, la razón de fondo de buscar “fuera” un candidato, como ocurrió en 2013 con el propio exjefe de Estado, radica en el notorio desprestigio de la llamada clase política. La falta de candidatos atractivos para el electorado hizo que se recurriera a figuras del espectáculo. No sería nada raro, pues, que se impulsen, para los próximos comicios municipales, postulaciones como la que en 2015 llevó a Mario Ferreiro a la Intendencia de Asunción, con los tristes resultados conocidos.

Es sabido que este diario ha venido exhortando, una y otra vez, a que los ciudadanos de bien se lancen al ruedo para que el escenario no siga dominado por tantos sinvergüenzas. Pues bien, han surgido caras nuevas. El grave problema que se presentó, como ahora podemos comprobarlo, fue que en muchos casos los jefes partidarios priorizaron la popularidad de los candidatos antes que las cualidades que hagan presumir un mínimo de idoneidad para administrar una Municipalidad o una Gobernación. La cuestión para los partidos era asegurar la victoria, aunque después llegue el diluvio.

Se ha dicho que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. Si es así, es necesario volver a instar a los buenos no solo a que se interesen por la cosa pública, sino también a que no dejen el campo libre a quienes hasta hoy imperan, para desgracia de los habitantes, en los cargos electivos nacionales, departamentales y municipales, que se han caracterizado por su pésimo desempeño. A ellos les favorece la deserción de quienes tienen mucho de bueno que ofrecer a este país. Se suele alegar que la política es un quehacer sucio y que, por ende, hay que mantenerse alejado de esa actividad si se quiere mantener las manos limpias. Eso es, precisamente, lo que desean quienes se aprovechan de la deserción de la gente de bien, sin perjuicio de que, dado el caso, saquen de la galera alguna figura, más o menos conocida, libre de los vicios de la pequeña política, aunque no tenga idea de lo que exige el cargo en cuestión. Y no yerran cuando suponen que la novedosa figura puede concitar la adhesión del electorado no sometido al clientelismo.

El problema, como bien lo muestra el caso de “Hugo Javier”, es que no basta en absoluto con que el candidato provenga de ámbitos extraños al putrefacto en que operan los embusteros, que se llenan la boca de pueblo para continuar llenando sus bolsillos. Como señalamos, es preciso que, aparte de la honestidad, se tenga muy en cuenta la idoneidad para el cargo en disputa, incluso para el de gobernador, cuyas atribuciones son bastante limitadas. Todo indica que el susodicho, ni antes ni después del 15 de agosto de 2018, echó tan siquiera un vistazo a la Constitución, a la Carta Orgánica Departamental y a la Ley de la Función Pública, para citar solo tres normativas de cierta importancia para un gobernador. Tan absurdo como confiar a los corruptos la legislación y la administración del dinero público, es entregarlas a incompetentes de tomo y lomo. Quienes no tienen la menor idea de lo que deben y no deben hacer desde el Gobierno pueden ser tan dañinos como los ladrones. Es muy difícil que el bien común sea gestionado por los mejores, pero hay que intentarlo, para lo cual es imprescindible que quienes en verdad se crean capaces, no se limiten a ser observadores críticos de la realidad, sino que se animen a participar y a pugnar por los cargos electivos. Lo ideal sería que estas candidaturas sean impulsadas por los ciudadanos y las ciudadanas comunes, y no digitadas por los capitostes políticos, como viene ocurriendo hasta ahora. Si a los candidatos improvisados por la necesidad partidaria se les suman los impuestos por los clanes que hasta ahora manejan ciudades y regiones del país, como ocurre en Pedro Juan Caballero con los Acevedo, ellas continuarán siendo gobernadas como feudos políticos y aguardando a quienes vengan a rescatarlas. Está visto que los “Hugo Javier” no son la solución.