LUQUE Político por accidente El grito de la frontera
El gobernador del Departamento Central Hugo Javier González (colorado cartista) es un “político por accidente”. Fue la tercera y última opción del Movimiento Honor Colorado para ocupar el cargo. Su populismo y reconocimiento gracias a su trabajo de animador de fiestas lo llevó a la victoria, porque otros méritos no tiene.
Una vez electo, le consultaron qué haría con la deuda flotante con los proveedores de la merienda escolar que la gobernación de Central arrastra desde hace varios años. Cómo era de esperarse, contestó “a su manera” y dijo que si hacía falta “haría bailes” para obtener los recursos. Y lo cumplió.
Organiza karaoke, almuerzo show, fiestas de cumpleaños y peñas en el garaje de la institución departamental, aunque no precisamente para recaudar fondos a fin de solventar deudas, sino para la diversión de sus “amigos” y funcionarios.
El miércoles 13 de mayo, tras recibir denuncias, llegamos a la sede de la administración departamental justo en el momento en que interpretaba la canción “Bohemio de afición”, en el festejo de cumpleaños de uno de sus asesores: Rubén Vera.
Luego de la publicación del lamentable hecho en ABC Cardinal el gobernador y sus invitados huyeron del lugar. Al día siguiente ensayó una tragicómica explicación de lo inexplicable, que causó la indignación de la ciudadanía.
La fiscala Mirtha Ortiz tomó intervención y el gobernador Hugo Javier, junto a su asesor político Miguel Robles más conocido como “gobernador de facto”, fueron imputados por violación de la cuarentena sanitaria. Robles, recordado “maletinero de Puertos”, es uno de los “asesores de lujo” que le impuso al “Número 2” su mentor Horacio Cartes.
El juez de San Lorenzo Miguel Ángel Bernardes ordenó prisión domiciliaria para González y Robles, pero con permiso para concurrir a la Gobernación para trabajar. “Apela a la consciencia” de ambos para que no violen el arresto domiciliario para otros fines. Y fin de la triste historia.
Indudablemente el efecto económico de la prolongada cuarentena por el coronavirus afecta a todo nuestro país en los diversos rubros. Miles de empleos informales y formales se perdieron en forma definitiva en parte y por otra de manera temporal. Micro, pequeña y mediana empresas empiezan a quedarse sin aire, y muchas ya están muertas.
Con la “cuarentena inteligente” iniciada el 4 de mayo al menos 58% de la economía empezó a moverse a medias en gran parte del país.
Pero, el comercio fronterizo de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, y el de Encarnación, en el sur, no tuvo la misma suerte. No porque el gobierno haya implementado mayores restricciones en estas ciudades, sino porque en estos territorios al menos el 90% de las actividades sigue sin moverse debido a que la mayor parte depende del ingreso de turistas y nuestras fronteras siguen cerradas.
Es por eso que más que nunca la frontera -que aporta aproximadamente 40% de los recursos que dispone el Estado a parte de los miles de puestos de trabajo-necesita imperiosamente de un programa especial de asistencia. Lastimosamente ocurre todo lo contrario. Los menos llevados en cuenta a la hora de un salvataje son los comerciantes de frontera. En tiempos “normales” los fronterizos tienen que agenciarse para financiar sus actividades porque el Estado solo se acuerda de ellos cuando se trata de recaudar (léase: recaudar de manera legal e ilegal).
Ahora los dueños de Mypimes forman fila frente al Banco Nacional de Fomento (BNF) buscando auxilio para tratar de mantenerse vivos, pero en su mayoría rebota como pelota de ping pong porque el mentado Fondo de Garantías del Paraguay para mypimes (Fogapy) es puro cuento.
La gente se organiza y a gritos pide que el Estado vea que uno de los sectores más dinamizadores de la economía nacional, la frontera, está a punto de sucumbir. Ojalá actúen a tiempo porque las consecuencias de la muerte del comercio fronterizo serán mucho más nefastas, incluso que los efectos del covid-19.