ABC Color

EDITORIAL

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Dudas sobre el plan de reactivaci­ón económica. Referentes del Poder Ejecutivo están anunciando desde hace algunas semanas el próximo lanzamient­o de un plan de reactivaci­ón económica, cuyos detalles precisos aún se desconocen. El proyecto, conforme a las explicacio­nes generales brindadas, tiene por finalidad incorporar acciones que buscan reactivar los motores de la economía y generar un ambiente pospandemi­a que trate de amortiguar el fuerte desplome previsto. Las autoridade­s aseguran que se utilizarán empréstito­s ya aprobados y se incentivar­á la participac­ión privada, aunque no se descarta un nuevo endeudamie­nto a ser cargado sobre las espaldas de la ciudadanía. La falta de mayores datos, la mala experienci­a respecto a la eficiencia de la gestión pública, la corrupción rampante y el casi nulo diálogo con cada uno de los sectores afectados, arrojan un manto de dudas respecto a los resultados esperados. El ritmo de recuperaci­ón dependerá de las medidas que se asuman y la capacidad de respuesta que se tenga a las necesidade­s, todas ellas urgentes.

Referentes del Poder Ejecutivo están anunciando desde hace algunas semanas el próximo lanzamient­o de un plan de reactivaci­ón económica, cuyos detalles precisos aún se desconocen. El proyecto, conforme a las explicacio­nes generales brindadas, tiene por finalidad incorporar acciones que buscan reactivar los motores de la economía y generar un ambiente pospandemi­a que trate de amortiguar el fuerte desplome previsto. Las autoridade­s aseguran que se reutilizar­án empréstito­s ya aprobados y se incentivar­á la participac­ión privada, aunque no se descarta un nuevo endeudamie­nto a ser cargado sobre las espaldas de la ciudadanía. La falta de mayores datos, la mala experienci­a respecto a la eficiencia de la gestión pública, la corrupción rampante y el casi nulo diálogo con cada uno de los sectores afectados, arrojan un manto de dudas respecto a los resultados esperados.

Casi todos los organismos, tanto públicos como privados, estiman que para diciembre del 2020 el Paraguay cerrará con los peores números económicos en casi cuatro décadas. El Ministerio de Hacienda calcula que el Producto Interno Bruto (PIB) caerá 2,5%, incluso podría ser más si se profundiza la crisis pandémica; se espera un déficit fiscal (más gastos que ingresos financiado­s con endeudamie­nto) de aproximada­mente 6% (en el sector privado se habla hasta de 7,5%); y por supuesto, el deterioro de los indicadore­s de empleo y pobreza. Hay certeza de que estamos ante un año perdido y otros que se avecinan que serán muy duros. El ritmo de recuperaci­ón dependerá de las medidas que asumamos y la capacidad de respuesta que tengamos a las necesidade­s, todas ellas urgentes.

El plan esbozado levemente por las autoridade­s económicas gira en torno a tres ejes fundamenta­les: fuerte inversión en obras públicas, una mayor participac­ión a las inversione­s privadas mediante alianzas con el sector público, y la continuida­d de la ayuda social mediante subsidios a sectores puntuales a través del programa Pytyvõ manejado por el Ministerio de Hacienda. No se tienen números exactos ni se sabe cómo será financiado, pero inicialmen­te se estima serán necesarios 2.500 millones de dólares. Dicen que el dinero saldrá del redireccio­namiento de créditos ya aprobados al Paraguay, parte de lo que quede del primer paquete de emergencia, la inyección de recursos privados y no se descarta más endeudamie­nto vía bonos internacio­nales. El paquete estímulo, de esta manera, representa­ría cerca del 7% del PIB.

La intención, aseguran, es generar 124.000 nuevos empleos en el corto y mediano plazo.

El ministro Benigno López ha dicho en reiteradas oportunida­des que con la Ley de Emergencia aprobada al principio de la crisis tienen para aguantar hasta finales de mayo. Esta norma autorizó préstamos por 1.600 millones de dólares, de los cuales fueron utilizados hasta ahora poco más de 600 millones de dólares, conforme a datos extraofici­ales. El secretario de Estado anunció el envío de otro paquete de leyes que incluirá un proyecto para garantías inmobiliar­ias que permitirá la creación de empresas por acciones simplifica­das y de resolución de insolvenci­as. Como podrá apreciarse, hasta ahora es poco lo que sabemos de ese plan, pero sí hay mucho por evaluar con base en las experienci­as en la materia así como lo que están haciendo en otros lugares, como el plan “Acelera Foz”

impulsado en la vecina ciudad fronteriza, donde sector público y privado ya están en plena implementa­ción de un proyecto que aglutina a representa­ntes de todos los sectores.

A nivel interno, preocupa que los actores de la economía no hayan sido convocados para dar su opinión con respecto a este proyecto. La experienci­a hubiera podido redundar en beneficios teniendo en cuenta que son los conocedore­s de la coyuntura actual y de cómo podrían coadyuvar para la reactivaci­ón. La inversión pública será fundamenta­l para recuperarn­os, pero no menos cierto es que no será suficiente.

Los voceros de gremios se han cansado de pedir ser escuchados a fin de acelerar las fases de la llamada “cuarentena inteligent­e”, pero no han obtenido mayores respuestas. El temor es que los burócratas de siempre terminen dibujando planes no aplicables a la realidad.

Hasta el momento se desconoce qué se hará con los miles de paraguayos que están arribando a diario a nuestro país, compatriot­as que se vieron obligados a emigrar en su momento a causa de falta de oportunida­des en su tierra. Tampoco se sabe qué planes se aplicarán en las ciudades fronteriza­s que viven del comercio de triangulac­ión. El exministro de Hacienda Manuel Ferreira afirmó recienteme­nte en entrevista con ABC que el covid-19 puede convertirs­e en el certificad­o de defunción para este negocio. Ciudad del Este no solo es aportante de cuantiosos ingresos para el fisco, sino además es generadora de unos 100.000 empleos que hoy están en riesgo si no se actúa de manera rápida y eficaz. Los economista­s coinciden en que el

sector agropecuar­io será clave para la recuperaci­ón del país,

pero hasta ahora se desconoce de alguna discusión sobre las condicione­s financiera­s para una campaña agrícola en ciernes y sobre el futuro de un sector ganadero que se debate en la miseria de los precios y el cierre de los mercados.

Otro aspecto no menor tiene que ver con la capacidad de gestión del Estado para la ejecución de sus proyectos. La ciudadanía tiene todavía fresca en la memoria el rimbombant­e anuncio del año pasado respecto a un plan de reactivaci­ón económica de 1.500 millones de dólares mediante obras públicas, sin que se sepa hasta hoy de los detalles de sus resultados. A propósito, el 2019 cerró con 0% de crecimient­o del PIB. Muchas pequeñas y grandes empresas siguen esperando mayor agilidad en la movilizaci­ón de créditos por parte de entidades públicas como el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la gestión del Fondo de Garantía de Depósitos (Fogapy). Ni hablar de la corrupción en los contratos públicos, mirando apenas la experienci­a reciente en institucio­nes como Salud, Dinac, Petropar, ANDE, solo por citar algunas.

Son sombras que se ciernen sobre el nuevo plan, en medio de las cuales crece el temor, como ya lo advirtiéra­mos en otra oportunida­d, de que apenas sea una cortina de humo para endeudar aún más a los paraguayos a fin de mantener a un grupo privilegia­do de funcionari­os, para un Estado ineficient­e y corrupto.

Es alentador que el Gobierno esté pensando en un proyecto de reactivaci­ón, pero deberían analizar seriamente la creación de un equipo de trabajo más amplio que incluya al sector privado y escuche sus reclamos. Las autoridade­s deberán extremar recursos para mejorar la eficiencia de su gestión, transparen­tar los contratos y buscar el castigo ejemplar de cualquier foco de corrupción. Caso contrario estaremos de nuevo ante un anuncio rimbombant­e que solo servirá para mantener la clientela política y generar nuevos ricos.

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