Fiscalía acusa a Ejecutivo salvadoreño de “usurpación”
La Fiscalía de El Salvador acusó al Ejecutivo liderado por Nayib Bukele de usurpar facultades del Congreso por decretar una prórroga de un mes al estado de emergencia por el nuevo coronavirus.
SAN SALVADOR (AFP). La Fiscalía salvadoreña anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
“Un estado de emergencia decretado por el Presidente de la República debe ser sometido a control de la Asamblea Legislativa”, consignó la Fiscalía General de la República (FGR).
El titular de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Conan Castro, amparado en una ley de Protección Civil, anunció la prórroga del decreto de estado de emergencia que finalizaba, luego de que el jueves el Legislativo rechazó extenderlo.
Para la FGR, el anuncio del gobierno de Bukele “resulta un acto de usurpación de facultades”.
“Todos los presidentes en la historia democrática de nuestro país han tenido la facultad de declarar estado de emergencia y la han ejercido, sin aprobación legislativa”, reaccionó Bukele.
“¿Se le impedirá por primera vez a un presidente ejercer esa facultad vital del Sistema de Protección Civil?”, agregó.
La prórroga del estado de emergencia, según Castro, es para preservar la salud de la población cuando el país está a “días del colapso” por el incremento de casos.
El estado de emergencia, aprobado el pasado 30 de abril por la Asamblea Legislativa, expiraba el pasado sábado por lo que, amparándose en un artículo de la Ley de Protección Civil, el Gobierno lo prorrogó desde ayer por un mes.
En virtud de lo actuado por el Ejecutivo, la Fiscalía adelantó que presentará una “demanda de inconstitucionalidad” ante el Supremo “contra el decreto ejecutivo que establece un nuevo estado de emergencia” .
La Asamblea Legislativa no está imposibilitada para reunirse en estos momentos, por lo que tiene “legitimidad legal y constitucional para analizar el estado de emergencia”, dijo la Fiscalía.
El estado de emergencia faculta al Gobierno a restringir la libertad de tránsito y reunión de personas, entre otros derechos, mantiene suspendidas las clases y difiere el pago de servicios de agua, electricidad y teléfonos, además de permitirle utilizar fondos del Ejecutivo para hacer frente a la pandemia.
El Salvador registró hasta el pasado sábado 1.338 casos, con 27 fallecidas.