O “Gobierno de la gente” o de los “buitres de siempre”.

Inapelable, demoledor y contundente es el informe final de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) presentada por la Contraloría General de la República al Ministerio de Salud Pública sobre la adquisición realizada a Imedic SA y Eurotec SA, ambas pertenecientes al empresario Justo Ferreira. El reporte exige medidas correctivas sobre algunas dependencias de esa cartera y traslada al ministro Julio Mazzoleni la exclusiva responsabilidad de si continúa o no la ejecución del contrato con las firmas mencionadas. “Se concluye que la adquisición se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas”, dicen los auditores en un informe de 44 páginas, con 14 observaciones puntuales realizadas. Pide medidas correctivas contra tres dependencias de la cartera mencionada, que tuvieron intervención en las diferentes etapas del proceso de contratación. El demoledor informe ofrece una brillante oportunidad al presidente Mario Abdo Benítez y al ministro Mazzoleni para demostrar de qué lado están, si del “Gobierno de la gente” o de los buitres de siempre.

Inapelable, demoledor y contundente es el informe final de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) presentado por la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) sobre la adquisición realizada a Imedic SA y Eurotec SA, ambas pertenecientes al empresario Justo Ferreira. El reporte exige medidas correctivas sobre algunas dependencias de esa cartera y traslada al ministro Julio Mazzoleni la exclusiva responsabilidad de si continúa o no la ejecución del contrato con las firmas de Ferreira. “Se concluye que la adquisición se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas”, dicen los auditores en un informe de 44 páginas, con 14 observaciones puntuales realizadas. Algunos de los puntos señalados apuntan a groseras y burdas maniobras que permitieron excluir a otras empresas de la debida competencia para proveer insumos de buena calidad, en cantidad y buen precio al Ministerio de Salud. Se confirman también amaños para favorecer a las empresas aludidas, privilegios en el proceso y hasta ocultación de informaciones que estaban en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), pero que nunca fueron publicadas: un secretismo que permitió radiar a cualquier posible competencia para Justo Ferreira. La Contraloría es aún más lapidaria. Alude a la intrincada red que participa en la concesión del negocio a Imedic SA y Eurotec SA, y concretamente pide medidas correctivas contra “la Dirección Administrativa, la Unidad Operativa de Contratación y el Comité de Evaluación de Ofertas, que tuvieron intervención en las diferentes etapas del procedimiento de contratación”. En tal sentido, recuerda que el art. 76 de la Ley de Contrataciones Públicas ordena sancionar a los funcionarios y empleados públicos que infrinjan las disposiciones de la ley. El informe recuerda que el Ministerio de Salud había argumentado que la contratación era urgente e impostergable, para la provisión de insumos y camas hospitalarias en forma inmediata. A la hora de la verdad, entregaron un millonario adelanto –de casi 18.000 millones de guaraníes– para cubrir “costos iniciales”. Si había costos iniciales, quiere decir que no iba a haber provisión inmediata de los productos, con lo cual cae por su propio peso que se tratara de una compra “urgente e impostergable”. Aún más, señala que, pese a invocar la urgencia de la provisión, las autoridades tardaron ¡diez días! en entregar las órdenes de compra a los proveedores, una vez que se firmó el contrato. “Viciado de irregularidades” en “todas sus etapas”, dicen los auditores. Por ejemplo, entre los 14 puntos figura que no tenían precios referenciales históricos con los cuales comparar los precios ofrecidos por el clan Ferreira y que tampoco se identificó el crédito presupuestario del que se iba a obtener el dinero. Apuntan, además, que los miembros del Comité de Evaluación de Ofertas nunca fueron nombrados por resolución del ministro de Salud Pública, tal como lo obliga la ley antes mencionada. Si de vicios se habla, el secretismo y el ocultamiento plagaron la adquisición que debió ser publicitada y transparente. En los datos publicados en la página web de Contrataciones Públicas nunca apareció que habría un anticipo financiero, que tampoco figuró al momento de firmar el contrato entre las partes. El adelanto se materializó en un multimillonario monto, entregado a las empresas de Justo Ferreira, y culparon a un “desliz” su ocultamiento. Entre otros vicios e irregularidades, los auditores dicen que se estableció que la adjudicación se haría por “lotes” –tanto en la publicación como en el pliego de bases y condiciones–, pero terminaron haciendo por ÍTEMS, los que fueron repartidos discrecionalmente entre las dos empresas vinculadas entre sí. En un mismo lote, los ítems se repartían entre Imedic SA y Eurotec SA. Mientras ayer se difundían las imágenes que muestran cómo el grupo Ferreira, clandestinamente, habría estampado logotipos a los insumos que llegaron al Paraguay sin ninguna marca, la Contraloría confirmaba que en el acta no consta que las empresas hayan presentado las muestras de las mercaderías que iban a ser adquiridas, lo que era causal de descalificación. Si hasta aquí ya era un festival de vicios para favorecer a las empresas de los Ferreira, lo más grave fue que no se evaluó el documento “autorización del fabricante” para los equipos médicos, ni tampoco el certificado de registro sanitario que debió haber dado la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud (Dinavisa), algo a lo que obligaba el PBC. Se dieron el lujo de dejar la casilla ¡vacía! en el sitio donde debió constar la verificación de la calidad de insumos destinados a proteger la vida de seres humanos. En su conclusión general, los auditores dicen que las empresas del clan Ferreira lesionaron el sistema de salud implementado para sostener las medidas que exigía la pandemia, al no proveer los insumos médicos y camas hospitalarias, según la cantidad, la calidad y las especificaciones que exigía el contrato. Señalan otras serias inconductas que nublan esta operación. Por tanto, la Contraloría afirma que el Ministerio de Salud tiene en su poder causales de rescisión del contrato con el clan Ferreira. Los mismos están dados por los incumplimientos de las especificaciones técnicas de los insumos y equipos hospitalarios, de acuerdo a lo sostenido por el propio Ministerio, cuando rechazó la totalidad del primer cargamento. Las 44 páginas de la Fiscalización son un demoledor legajo al cual el ministro Mazzoleni solo debería adjuntar un relatorio con su firma y –en nombre del Estado paraguayo– formular de inmediato la denuncia ante el Ministerio Público pidiendo una exhaustiva investigación. Si el titular de Salud Pública no reacciona con la firmeza que requiere el momento, toda la brillante campaña realizada por él y por su equipo podría quedar eclipsada por lo que aparecerá como un fracaso en el combate frontal contra la corrupción. Sería penoso que el éxito logrado hasta hoy quede desteñido con el saqueo de las arcas públicas, autorizado en nombre de una pandemia. Se ha pedido al pueblo paraguayo que se quede en su casa, a costa de su salud mental y económica, a costa de endeudamientos, pérdida de trabajo, cierre de industrias y comercios, en fin, de muchos sacrificios. Por tanto, lo mínimo que puede hacer este Gobierno es honrar el esfuerzo que se ha realizado en todos los frentes, castigando sin contemplación a los ladrones y saqueadores, junto con sus cómplices, encubridores y padrinos políticos disfrazados. Es imperdonable que mientras una casta de inescrupulosos engorda ilícitamente sus bolsillos, aquellos que lo han perdido todo y ya nada tienen, deban contribuir con sus mendrugos para pagar el endeudamiento ocasionado por los poderosos con conexiones en el poder de turno. Después de este demoledor informe, Mario Abdo Benítez y Julio Mazzoleni deberán elegir de qué lado están. Se trata de una brillante oportunidad para que demuestren si es del “Gobierno de la gente”, o si van a dejar vía libre a los buitres de siempre. Robar en medio de la miseria es de una ruindad indecible. A los delincuentes se los castiga con la cárcel.