Ministro anuncia rescisión de contrato y espera sumario
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó ayer que debido al informe de la Contraloría General de la República tomó la decisión de rescindir totalmente el contrato para la compra de insumos de salud que había sido firmado con las firmas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA, ambas propiedad de Justo Ferreira, Roque Dagogliano y Carlos Borrel. Agregó que van a ejecutar la póliza prevista y aseguró que ya instruyó un sumario para deslindar responsabilidades dentro de la institución.
La decisión fue anunciada por Mazzoleni en una conferencia de prensa realizada ayer en horas de la mañana.
Al ser abordado sobre por qué recién ahora se efectuó la rescisión del mencionado contrato, hizo referencia a que debía respetar los procesos. “El Ministerio de Salud y cualquier organismo del Estado tiene etapas administrativas que debe respetar a rajatabla, porque puede ser demandado por algún daño. Tenemos dos etapas: la etapa de licitación y etapa de ejecución del contrato. Nos estábamos ciñendo a esta etapa y hasta el momento no había ningún informe de ninguna institución. Desde el momento en que tenemos elementos de valoración de la Contraloría y de la comisión presente, aquí es que puedo tomar una decisión”, enfatizó.
“Tenemos los procesos habituales. Vamos a instruir los sumarios que correspondan. La Fiscalía ya está involucrada y está involucrada como otro organismo. La ejecución de la póliza incluye todo lo que tiene que ver con el anticipo”, dijo.
Se escudó en Diputados
Mazzoleni también fue cuestionado sobre el motivo por el cual no presentó aún denuncia penal alguna ante la Fiscalía contra las empresas proveedoras y los funcionarios que se vieron involucrados en el proceso.
El ministro se escudó diciendo que un grupo de diputados ya había realizado una denuncia ante el Ministerio Público luego de que el jueves fuera revelado el informe final de la Contraloría.
Sin embargo, la denuncia presentada por los legisladores no exime a Mazzoleni de esta responsabilidad. Una eventual denuncia penal planteada por el mismo Ministerio de Salud Pública podría pasar a formar parte del expediente que debe abrir la Fiscalía tras las denuncias.
En total, Imedic y Eurotec fueron adjudicadas con más de G. 85.000 millones en un proceso “viciado de irregularidades”, según el informe de la Contraloría General.