En Quiindy piden a contralor no “blanquear” a Acevedo
Pobladores de Quiindy (Paraguarí) se movilizaron ayer para exigir a la Contraloría profundizar la investigación contra la intendenta Alba Acevedo (ANR, Añetete). Reclaman que el dictamen sea objetivo y transparente.
QUIINDY (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). Un grupo de pobladores de este distrito se autoconvocó para solicitar a la Contraloría General de la República (CGR) la ampliación de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de la cuestionada gestión de la intendenta Alba Acevedo (ANR, Añetete).
En la víspera, los auditores culminaron con la investigación del año 2019 y del primer cuatrimestre del presente año fiscal.
La manifestación fue pacífica y convocada en las redes sociales. Portando pancartas con sus reclamos, los ciudadanos indignados llegaron hasta la sede de la municipalidad local.
Con los carteles en mano, los manifestantes expresaron consignas como: “Basta de impunidad” y “Quiindy no te calles”.
Reclamaron que la Contraloría amplíe la fiscalización desde el 2016 a la fecha, ya que la jefa municipal no tiene balances aprobados por la Junta Municipal desde que asumió en 2015.
En sus pancartas también expresaron consignas como: “A la patria no se le usa, se le sirve”; “Basta de corrupción” y “Que entreguen los kits alimenticios a los niños. Que sean de calidad y nunca más vaca’i de oro”.
El presidente de la Junta Municipal, Maximiliano Barrios (ANR), dijo que confían en el trabajo de los auditores que indagan las denuncias presentadas por los ediles ante la corrupción imperante y supuestas irregularidades. Entre ellas citan la sobrefacturación de G. 85 millones en kits de almuerzo escolar, transferencias financieras irregulares a comisiones vecinales que radican fuera del distrito.
Rosa Ruiz Bracho, madre de familia, dijo que acompaña la movilización para que el pueblo se haga sentir cuando no reciben respuestas a sus reclamos, especialmente en la distribución del almuerzo escolar.
Acevedo (ANR, Añetete) restó importancia al suceso y dijo que facilitó todas las documentaciones a los auditores de la Contraloría.
Nelson Salinas, Lilian Ramírez, Tatiana Román, Giovanni Giubi y Moisés Valdez fueron los auditores designados por el contralor Camilo Benítez y quienes terminaron ayer la verificación de documentos y el recorrido de obras.
CAAZAPÁ (Antonio Caballero, corresponsal). Ex funcionarios y un concejal municipal, quienes exigían la renuncia del intendente local Victoriano López Espínola (ANR), por presuntas irregularidades en su gestión, despejaron ayer los accesos de la sede municipal donde estaban encadenados. Fue tras la intervención del fiscal penal Cesar Martínez y una fuerza policial.
Se encontraban encadenados desde el 11 de mayo Rubén Darío Agüero (poblador), las exfuncionarias Mirna Rosa Fleitas y Marisol Núñez y el concejal municipal Cándido Vera (PLRA). El fiscal ya había imputados en su oportunidad a los tres primeros y otros concejales por coacción y la violación de la cuarentena sanitaria.
Los manifestantes exigían el cobro de sus haberes y denuncian malversación de fondo municipal, la falta de pago por el consumo de energía eléctrica a la ANDE, entre otras supuestas anomalías.
La Junta Municipal rechazó la rendición de cuentas del ejercicio fiscal del año 2019 del intendente López. Los ediles ya enviaron los antecedentes del caso a la Contraloría General de la República y exigen la intervención de la comuna caazapeña.
El intendente indicó que no hay motivos para su renuncia y denunció a los manifestantes por coacción y por violar la cuarentena inteligente.