Depuración de causas abiertas por violación de cuarentena, en marcha
Los juzgados de depuración de causas relacionadas con la pandemia ya están dictando las primeras resoluciones. Uno de los procesos en estudio tiene que ver con una boda, cuyos involucrados ofrecen G. 14 millones para cerrar el caso.
En la capital, los juzgados de depuración están a cargo de los magistrados Alcides Corbeta, Lici Sánchez y Julián López. La cantidad de causas abiertas por violación de la cuarentena sanitaria supera las 1.500 en todo el país y los delitos van desde la violación a la Ley 716/96 propiamente dicha, a resistencia, exposición al peligro en el tránsito terrestre.
Entre los acusados hay ciudadanos que fueron sorprendidos en la vía pública sin un justificativo, novios, cumpleañeros, organizadores de un concurso de belleza, futbolistas amateurs, funcionarios que realizaron un sepelio fuera de hora y
sacerdotes por hacer misa.
La intención de las autoridades es dar una rápida solución a estas causas, mediante la aplicación de las salidas procesales previstas en el artículo 301 del Código Procesal Penal, como criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento y procedimiento abreviado.
Precisamente con este fin, el viernes último la fiscala Stella Mary Cano solicitó abreviación de plazo y criterio de oportunidad para poner un punto final al proceso abierto por una boda celebrada en forma “clandestina”, el 25 de abril pasado, en una residencia capitalina.
Para el efecto, la defensa ofrece donar G. 14 millones a modo de reparación del
daño social, suma prorrateada entre los novios Gabriel Esculies Aditi y Heidy Martínez Gamón y otras ocho personas que participaron en la ceremonia, entre, padrinos, testigos e invitados. La oficial del Registro Civil que celebró la boda, Norma Romero de Bogarín, no está imputada.
Los novios ofrecen pagar G. 3 millones cada uno y los demás, G. 2 millones. La cuestión será resuelta por la jueza Lici Sánchez.
Donaciones, al MSPyBS
La Corte Suprema de Justicia dispuso la apertura de una cuenta corriente judicial en el Banco Nacional de
Fomento para el depósito de las donaciones que surjan de las decisiones adoptadas por los jueces en estas causas. Dicha cuenta estará a la orden del Ministerio de Salud.