La Corte define DD.JJ. en “año contra la corrupción”
La Corte Suprema de Justicia declaró el 2020 como el año “contra la corrupción y la impunidad”. Precisamente, esta semana debe definir si libera las declaraciones juradas (DD.JJ.), herramienta vital para el control ciudadano.
La Corte Suprema de Justicia debe definir en días más si las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República son o no públicas.
La máxima instancia judicial debe dictar sentencia definitiva sobre el primer caso que llega hasta esa instancia desde la promulgación de la ley de acceso a la información pública.
El Poder Judicial había declarado al 2020 como “año contra la corrupción y la impunidad”. Precisamente debe definir si entrega o no la ciudadanía una herramienta más de control que permitirá rastrear el crecimiento patrimonial de quienes administran la cosa pública.
Faltan cuatro votos
Cinco de los nueve integrantes de la Corte Suprema ya emitieron sus votos para definir si las declaraciones juradas de funcionarios estatales son o no públicas. Esta semana se podría dar finalmente resolución definitiva, si realmente existiera voluntad por parte de los miembros de la máxima instancia en dar resolución definitiva al caso.
El ministro Eugenio Jiménez Rolón fue el quinto en emitir su voto.
Antes de Jiménez Rolón ya habían emitido sus votos el magistrado Guido Cocco, los ministros Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia, y el magistrado Marcos Riera.
Todavía deben emitir sus votos Valentina Núñez y Óscar Paiva, la ministra Carolina Llanes y la magistrada Mercedes Buongermini, según el orden sorteado.
Dos años congelada
El pleno de la Corte debe estudiar una acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría contra dos sentencias judiciales que ordenaron al ente a liberar la información.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida en julio del año 2018 por el entonces contralor Enrique García, contra las sentencias que aprobaron la divulgación de las declaraciones juradas de bienes de todas las autoridades de los tres poderes
del Estado, incluyendo los ordenadores de gastos, desde 1998 hasta 2017.