Un grupo de funcionarios cobró subsidio de Pytyvõ
El Ministerio de Hacienda, a través de su Dirección Anticorrupción, denunció ante el Ministerio Público 43 casos de supuestos cobros indebidos del subsidio de G. 548.210 otorgados por el programa Pytyvô.
La cartera a cargo del ministro Benigno López detalla que del total denunciado, 24 estarían percibiendo ingresos del sector público, 10 serían aportantes del IPS y 9 se encontrarían residiendo en el extranjero.
El informe no menciona, sin embargo, si estos involucrados son funcionarios permanentes o contratados ni a qué institución pública pertenecerían.
“Todas estas conductas estarían en contraposición a lo dispuesto en las normativas dictadas en lo que respecta a la Emergencia Sanitaria declarada a causa del covid-19 (Ley N° 6524/2020 y Decreto N° 3506/2020), y constituirían indicios de hechos punibles”, expresa.
Hacienda explica que estos
hallazgos se pudieron obtener mediante denuncias formuladas por la ciudadanía y el trabajo interinstitucional realizado con la Dirección General de Migraciones, el IPS y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
En ese contexto, adelanta que en los próximos días se estaría ampliando la denuncia, especialmente con relación a aquellos casos de beneficiarios que percibirían salarios del sector público.
El programa Pytyvõ, administrado por Hacienda, destina un subsidio de G. 548.210 a trabajadores informales y cuentapropistas para la compra de alimentos y artículos de limpieza ya que por causa de la cuarentena perdieron sus ingresos.
El programa ya benefició a más de 1.152.000 personas, esta semana se estaría cerrando el primer pago y en junio se iniciará el segundo pago programado.
En principio se habían inscripto 1.800.000 personas, tras la depuración fueron excluidas 500.000 y dentro de este grupo unos 2.000 muertos registrados por avivados, así también personas con capacidad económica, parientes de políticos y autoridades nacionales.
Un grupo de funcionarios también fue beneficiado por el programa Ñangareko, administrado por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), según un estudio divulgado por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
La entidad detectó que unos 121 funcionarios cobraron el subsidio de G. 500.000, destinado a personas en situación de pobreza extrema.