Junta exige a Hugo Javier un informe sobre merienda
Ante la investigación de Contrataciones Públicas de presuntas irregularidades en la licitación de la merienda escolar en Central, concejales departamentales exigen informes al gobernador imputado Hugo Javier González (cartista).
AREGUÁ (Gladys Villalba Jara, corresponsal) El marco de la investigación que inició la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el concejal liberal Adrián Vaesken solicitó ayer en la sesión de la Junta Departamental que el imputado gobernador González (ANR, cartista) también remita dichos informes al pleno. Sorprendentemente, el pedido fue aprobado por unanimidad de los 21 ediles, incluso por aquellos leales al gobernador.
La DNCP había solicitado informes a la Gobernación de Central ante denuncias de supuesta falta de datos fundamentales en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación de la merienda escolar. En el PBC no se especifica cuál es la medida de la ración que se cotiza por los proveedores de leche para 684 escuelas con unos 173.000 alumnos.
El documento dice que la leche es vendida a G. 950 y G. 955 la ración, pero se desconoce a cuánto equivale dicha ración.
El concejal liberal Daniel Ferreira manifestó que la Junta Departamental, desde el 15 de agosto de 2018 hasta la fecha, nunca tuvo injerencia en la aprobación de un pliego de los llamados realizados por la institución. “Esta Junta ni mucho menos autorizó ninguna contratación, ni aprobó ningún contrato de prestación de servicios realizados a través de licitaciones que fue promovido por el Gobierno departamental”, indicó.
Como de costumbre, el edil liberal llanista Mario
Aguilera (hijo) no perdió la oportunidad para defender la gestión del gobernador cartista. Respecto al pedido de su par Vaesken, dijo que si bien es importante contestar el informe solicitado, “es importante aclarar que el Ministerio de Educación (MEC) quitó una resolución en donde dice cómo y qué se va a repartir en cada kit”, manifestó.
Aguilera, en un intento de destacar la administración del gobernador, insinuó que el atraso de entrega de los alimentos se debió a que recién el pasado 18 de mayo el Ministerio de Educación (MEC) autorizó reemplazar el almuerzo escolar por kits de alimentos no perecederos, pero olvidó que la Gobernación apenas hace un mes, el 23 de abril, solicitó la modificación del contrato vigente al MEC.
CAACUPÉ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). En el último día del juicio oral y público contra tres exfuncionarios de la Municipalidad de Arroyos y Esteros, presuntos cómplices del desvío de G. 1.300 millones, la jueza María Teresa Rodríguez decidió inhibirse de la causa. Este hecho anuló el juicio contra la administración cartista y ahora todo vuelve a foja cero. El fiscal del caso José Luis Piñánez pedirá la investigación de actuación de los magistrados y la prisión preventiva de los procesados.
La magistrada tomó esta llamativa decisión luego de que una de las acusadas Lilian Díaz la recusase por enésima vez y a pesar de que los demás miembros del Tribunal, Liliana Ruiz Díaz y Cristina Muller, no hicieron lugar a la recusación.
Eran juzgadas Lilian Fabiola Díaz Benegas, exsecretaria y pareja del exintendente Gustavo Alfonzo (imputado, colorado cartista), además de Osmar Rodríguez Kunzle, exchofer, y Alejandro Magno Núñez Insfrán, propietario de una supuesta empresa fantasma.
Díaz Benegas nuevamente recusó a una magistrada, esta vez a Rodríguez, por supuestamente mantener un vínculo de amistad con otro de los procesados: Alejandro Magno Núñez, quien supuestamente fue compañero de facultad de la magistrada. Díaz Benegas dijo que la jueza Rodríguez también tenía una estrecha amistad con el fiscal Piñánez por haberle regalado un tapabocas.
Dos juezas rechazaron el pedido, pero Rodríguez accedió. En vano fueron los pedidos de la defensa técnica de los otros acusados y del Ministerio Público para que el juicio continúe para los otros procesados o que un juez suplente integre el tribunal.