Movilizados para defender sus insultantes privilegios.
Funcionarios afiliados al Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) se movilizaron el lunes pasado para protestar, entre otras cosas, en contra del anteproyecto de ley del Servicio Civil presentado recientemente por el Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral del Congreso, para el Reordenamiento Estructural del Estado. Este grupo de quejosos, que ha sumado a centrales obreras y otras organizaciones del sector público, está anunciando para el próximo lunes 22 de junio una movilización general en contra del mencionado plan, en medio de acusaciones al Gobierno de querer aprovechar la pandemia para tratar de ¡“precarizar”! la situación laboral en el sector público. El argumento esgrimido es simplemente una burda excusa que busca frenar desde el inicio una eventual reforma del Estado que podría acabar con sus escandalosos privilegios, un insulto a la ciudadanía que ya antes de la crisis sanitaria y más aún hoy vive devorada por la debacle económica.
Funcionarios afiliados al Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) se movilizaron el lunes pasado para protestar, entre otras cosas, en contra del anteproyecto de ley del Servicio Civil presentado recientemente por el Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral del Congreso, para el Reordenamiento Estructural del Estado. Este grupo de quejosos, que ha sumado a centrales obreras y otras organizaciones del sector público, está anunciando para el próximo lunes 22 de junio una movilización general en contra del mencionado plan, en medio de acusaciones al Gobierno de querer aprovechar la pandemia para tratar de ¡“precarizar” la situación laboral en el sector público! El argumento esgrimido es simplemente una burda excusa que busca frenar desde el inicio una eventual reforma del Estado que podría acabar con sus escandalosos privilegios,
un insulto a la ciudadanía, que ya antes de la crisis sanitaria y más aún hoy vive devorada por la debacle económica.
La propuesta preliminar del Poder Ejecutivo que pretende suplantar la malograda y cuestionada Ley de la Función Pública, contempla básicamente la creación de una carrera civil para el funcionariado público, fuera de docentes, militares, policías y personal de blanco. La misma no alcanzará a los trabajadores que están hoy incorporados al Estado, sino a aquellos que se irán sumando en el transcurso de los próximos años. Se cree que al final de la presente década un gran porcentaje abandonará el Estado, con lo cual se abre la posibilidad de una reorganización profunda que apunte a la meritocracia y ponga frenos a los abusos que se observan día a día.
Para ello, el proyecto propone el concurso de oposición como única vía de acceso al Estado, el otorgamiento de ascensos con base en méritos, con exámenes periódicos puntuales vinculados a los cargos; limitaciones en el número de nombramientos de cargos de confianza, así como para asesores de quienes accedan a cargos electivos en el Congreso, que en este último caso deberán ser desvinculados en forma coincidente con la culminación de los periodos para los cuales fueron electos sus padrinos. También se busca duplicar el plazo necesario para acceder a la estabilidad (hoy se necesitan dos años, con el proyecto se requerirán cuatro); se establecerán escalas salariales únicas (los funcionarios actuales mantendrán sus elevados salarios que serán suprimidos al momento de su retiro de la actividad pública); se limitará la cantidad de contratados, incorporando especificaciones precisas de los casos en que se necesitará de los mismos; entre muchas otras cosas.
La propuesta a ser debatida es más que razonable y el momento es muy oportuno. En las últimas semanas la desconfianza de la ciudadanía ha crecido respecto a las verdaderas intenciones de cambio por parte de las autoridades ante el lento avance de las discusiones. No existe duda alguna de la necesidad de modificar radicalmente el anexo de personal vigente en el Presupuesto General de la Nación, que fija indignantes beneficios para determinados cargos e instituciones públicas. Urge establecer salarios razonables ajustados a las responsabilidades. Es necesario revisar si el Estado Central necesita a los más de 300.000 funcionarios y 50.000 contratados, que se traducen en una pesada carga sobre las espaldas de los contribuyentes quienes año a año ven cómo cerca del 75% de sus impuestos son engullidos por remuneraciones del personal.
La pandemia, que es calificada por los sindicalistas como una excusa oportunista de las autoridades para impulsar la reforma, es en realidad un imponderable que nos llevó a confrontarnos con una lamentable realidad del Estado que viene siendo cuestionada por la ciudadanía desde hace años. Nos obliga a revisar esta y otras cuestiones del manejo del dinero público, más aún cuando solo este año el pueblo paraguayo ha sido endeudado casi por 2.000 millones de dólares adicionales y se espera un déficit fiscal del 6,5% para el cierre del 2020 (más gastos que ingresos financiados con deudas). No se debe olvidar que un informe dado a conocer el año pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) daba cuenta de un derroche de 1.800 millones de dólares anuales en el Estado, fundamentalmente en malgasto de salarios y contrataciones, así como en burocracia ineficiente.
No es necesario un profundo análisis para concluir que las verdaderas preocupaciones de muchos de estos sindicalistas es velar por sus escandalosos privilegios, especialmente en el caso de la ANDE, empresa cuestionada por su pésimo servicio. Es harto conocido que los funcionarios de esta entidad cobran hoy beneficios de privilegio como subsidios por casamiento, gastos médicos extraordinarios y ayuda vacacional, bonos alimenticios para sus familias, pagos adicionales bimestrales, subsidio por consumo de energía eléctrica, solo por citar algunos. Más que conquistas laborales son prebendas arrancadas del Presupuesto mediante contratos colectivos, por autoridades irresponsables, rayando lo ilegal, en connivencia con políticos oportunistas interesados en sumar votos. Una práctica que debe ser revertida de inmediato porque representa una bofetada a la ciudadanía.
También es sabido que las instituciones públicas fueron copadas por familiares de dirigentes políticos, clanes vinculados a conocidos apellidos fuertemente atornillados al Estado como los Monges, Velázquez, Samaniego, Ovelar, Galaverna, Lanzoni, Buzarquis, Duarte Frutos, Gómez, Carísimo, solo por mencionar unos cuantos. Tampoco quedan atrás en esta práctica algunos dirigentes sindicales que aprovechan sus cargos para sumar beneficios particulares.
Estos son los verdaderos motivos por los cuales estos grupos sindicales, junto a sus promotores políticos, buscarán frustrar este tímido intento de iniciar una reforma. La ciudadanía está acogotada por la dramática situación económica y tiene la paciencia colmada pagando impuestos y servicios para unos pocos privilegiados. Es hora de poner fin a esta afrentosa situación y preparar un Estado más eficiente conforme a los tiempos difíciles que se avecinan.