Criminal patria contratista.

La “patria contratista” –frase acuñada en la Argentina– ya no solo es un grupo de poderosos empresarios con padrinos políticos que trafica influencias para vender al Estado paraguayo y repartirse entre todos el dinero malhabido. Ya no son unipersonales sin direcciones físicas, empresas de portafolio ni anónimos proveedores, ni grupos de avivados que inventan nombres de fantasía ni empresas vendedoras de inodoros que proveen panificados a precio de oro. La pandemia del covid-19 nos ha revelado el rostro más feroz y criminal de la patria contratista; empresarios inescrupulosos que rayan la delincuencia aprovechándose de las urgentes necesidades de un pueblo que agoniza en términos económicos. Si ya es inadmisible la corruptela en otras áreas de compra del Estado paraguayo, hacer negocios y lucrar a costa de la vida humana es criminal. La pandemia en Paraguay ha puesto los reflectores apuntando directamente a la adquisición de insumos sanitarios a todos los niveles. Aquí se está tratando de adquisiciones que tienen que ver con la vida de la ciudadanía.

La “patria contratista” –frase acuñada en la Argentina– ya no solo es un grupo de poderosos empresarios con padrinos políticos que trafica influencias para vender al Estado paraguayo y repartirse entre todos el dinero malhabido. Ya no son solamente unipersonales sin direcciones físicas, empresas de portafolio, directivos con demandas, modestos accionistas con inexplicables operaciones multimillonarias. Ya no se trata solamente de anónimos proveedores que del día a la noche se quedan con millonarias operaciones sin tener experiencia y con la bendición de los amigos del Gobierno de turno. Esto ya no se trata de la diversión de crear una nueva empresa proveedora porque la anterior fue inhabilitada. Ya no solo son un grupo de avivados que inventan nombres de fantasía, empresas vendedoras de inodoros que proveen panificados a precio de oro. Ya no son solo los vivarachos de siempre que crean un rosario de empresas vinculadas que compiten entre sí con los mismos productos y distintos precios, para chuparse parte del presupuesto sostenido por todos los paraguayos. Ya no es solamente que se apropian de formas ilegítimas de licitaciones amañadas, ya no solamente se trata de unidades operativas de contrataciones de entes públicos a los que de vez en cuando les sorprende la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) o la Contraloría General de la República. Ya no se trata solamente de apropiarse ilegalmente de procesos de adquisiciones donde se reparten vorazmente el resultado de sus sucias componendas. La pandemia del covid-19 nos ha revelado el rostro más feroz y criminal de la patria contratista; empresarios inescrupulosos que rayan la delincuencia aprovechándose de las urgentes necesidades de un pueblo que agoniza en términos económicos. Autoridades y funcionarios públicos cómplices, encubridores y complacientes, cada vez más osados y arriesgados en sus maniobras de tinte doloso porque total, la justicia nunca deja caer su hacha para cortar sus tentáculos. La falsificación, adulteración o comercialización de fármacos ilícitos o sin calidad es un negocio criminal que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como ignominioso, un atentado grave al honor, la dignidad y la salud del ser humano. Según la OMS, el negocio mueve miles de millones de dólares que quedaron en evidencia con varias redadas realizadas por Interpol donde desmantelaron auténticas organizaciones criminales que se dedicaban a la venta de medicamentos sin calidad alguna. Uno diría que el asunto no reviste mucha gravedad ya que estos operativos ocurrieron lejos de Paraguay, en su mayoría en Asia, sobre todo en China y en siete de sus países vecinos. Sin embargo, con horror se está descubriendo que el negocio no está tan lejos: el propio Ministerio de Salud del Paraguay consumó una compra de inaceptables suministros sanitarios chinos a través de una licitación que fue calificada por la Contraloría como viciada “de irregularidades en todas sus etapas”. Requerido por la operación y la calidad de los insumos –mascarillas para proteger al personal de blanco que convive o convivirá con el mortífero virus–, Andrés Casati, abogado de las firmas del empresario Justo Ferreira, dijo en un programa de radio ABC Cardinal que él desconocía que hubiera mascarillas para médicos, para abogados o para periodistas. Por supuesto que su afirmación es comprensible desde el punto de vista de la defensa mediática y legal de su cliente, pero es absolutamente inadmisible y criminal desde el punto de vista de la salud: los insumos sanitarios y los fármacos que se adquieren y ponen en circulación son utilizados para proteger y salvar vidas. Si ya es inadmisible e intolerable la corruptela en otras áreas de compra del Estado paraguayo, hacer negocios y lucrar a costa de la vida humana es criminal. La pandemia en Paraguay ha puesto los reflectores apuntando directamente a la adquisición de insumos sanitarios a todos los niveles. Con espanto estamos comprobando que algunas importaciones de fármacos o suministros médicos no revisten la más mínima calidad ni pasarían un control medianamente estricto. De hecho, se están comercializando en plaza insumos que ni siquiera tienen el permiso de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) o, peor aún, están violando derechos marcarios. En pocas palabras, están haciendo pasar gato por liebre, lo cual no tendría dimensiones de crimen si se tratara de compras intrascendentes, pero he aquí que se trata de adquisiciones que tienen que ver con la vida de la ciudadanía. Si los enfermos en Paraguay ya pasan por el doloroso viacrucis de escasez de medicamentos, penosas infraestructuras sanitarias e incertidumbre económica, ahora se tiene la certeza de que varias instituciones públicas vinculadas a la salud o bienestar ciudadano han estado consumando o casi consumaron adquisiciones inadmisibles. A los escándalos del Ministerio de Salud se han añadido también las sospechas sobre adquisiciones del Instituto de Previsión Social (IPS) y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben). En otros campos, el resultado de una compra mediocre o de baja calidad ha significado que ambulancias o patrulleras se descompongan más rápido, que los kits escolares sean precarios, que los panificados sean duros o los granos de arroz tengan gusanos. Sin embargo, aquellos que han estado jugando con la vida de millones de paraguayos y paraguayas deberían ser juzgados, además de por corrupción, por atentar contra la vida humana. La Fiscalía, la Auditoría del Poder Ejecutivo, la Unidad Anticorrupción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República deben abandonar esa actitud tibia –rayana a la complacencia, por no decir complicidad– ante estos asaltos a las arcas del Estado. El Gobierno de Mario Abdo Benítez hasta ahora ha sido displicente y tolerante –también cuasi cómplice– de algunos de estos asaltos, pese a tener en sus manos los resortes para endurecer los procesos de adquisiciones y garantizar a la ciudadanía un mínimo de calidad en el gasto del dinero público. La patria contratista ya va más allá de un concurso de pliegos de bases y condiciones amañados para favorecer a marcas o empresas; ya no se trata de simular competencias entre firmas de un mismo clan o de especular con precios y calidades mediocres. La situación ha cruzado el umbral de ser solo un estilo para pagar coimas a funcionarios públicos, crear roscas y hacer repartijas, para vender insumos de mala calidad. Han cruzado el límite de lo tolerable por una socieda, esa delgada línea que hace que un acto de corrupción sea solo malversación o daño patrimonial, para convertirse en un atentado a la vida humana. Miles de paraguayos enfermos crónicos, con vencimiento en sus plazos de vida, con esperanzas reducidas, ahogados en incertidumbres y cero certezas, dependen de medicamentos de calidad para enfrentar batallas de guerras casi perdidas. Esto no se trata solo ahora del covid-19; esta es la historia de enfermedades renales, oncológicas, cardíacas; son las batallas de niños en hospitales y de madres en las maternidades. Son las enfermedades crónicas y las muertes por dengue. Los hechos de corrupción que han tomado estado público ya no son solo negocios de avivados del sector privado en connivencia con corruptos del sector público. Esto ya se trata del derecho a la vida y de la complicidad del Gobierno con quienes atentan contra este derecho consagrado. Estas maniobras empresariales no son otra cosa que actos criminales para amasar fortunas en un penoso partido donde, de un lado, las roscas mafiosas ganan dinero y, del otro lado, la ciudadanía pierde la vida.