Lago Ypacaraí, ¿“causa nacional” o “causa perdida”?

Mientras ayer se recordaba en todo el mundo el “Día

Mundial del Medio Ambiente”, aquí no podemos sino lamentarnos por los múltiples daños ambientales que abruman a nuestro país, entre los que se pueden citar la profusa deforestación de los bosques nativos, el deterioro de los suelos, la contaminación de los acuíferos, la pérdida de la diversidad biológica, entre otros. En este contexto, es perentorio llamar la atención sobre la inoperancia institucional existente para resolver los múltiples problemas ambientales, que, a este paso, no tienen visos de solución.

Uno de estos problemas de muy larga data y de mucha gravedad es el del emblemático lago Ypacaraí, que, a esta altura, ya se ha convertido en un monumento a la desidia de

las autoridades y, por qué no también, a la indiferencia ciudadana, ya que todas las poblaciones afectadas deberían haberse ya movilizado con firmeza en defensa y en pro de la recuperación de ese valioso espejo de agua. El panorama que presenta actualmente el lago, agravado por su histórica bajante, es realmente lastimoso, de un estado de abandono inconcebible, que no condice con su importancia ecológica y turística.

A principios de este año, en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por Ley Nº 6489/20, se creó la “Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca” (Conalaypa),

supuestamente para adoptar acciones concretas tendientes a la recuperación de ese recurso natural. Sin embargo, al igual que los numerosos grupos de trabajo creados desde hace al menos cuatro décadas con el mismo objetivo, va

camino a diluirse en la consabida inoperancia, si bien ahora quizás pueda alegar como excusa la cuarentena sanitaria.

Debe recordarse que la primera acción anunciada en su oportunidad por Conalaypa consistió en la construcción de diques movibles, con geobolsas, para evitar un mayor escurrimiento de las aguas y así elevar la cota del lago. Pero la novel entidad no apuntó hacia el problema principal, que es la contaminación de las aguas, rayana a la podredumbre, que viene ocurriendo desde hace varios años, impidiendo su uso recreativo. Por tal razón, en un editorial que publicamos el 29 de febrero último, señalábamos que “El lago Ypacaraí puede convertirse en una palangana pestilente”, porque lo que se busca es elevar el volumen de agua, sin considerar que se trata de un líquido repelente y verdoso de algas putrefactas.

Ni hablar de la ex Secretaría del Ambiente (Seam), hoy convertida pomposamente en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que conociendo las principales fuentes de contaminación, los desechos industriales y desagües cloacales domiciliarios, no ha tomado acciones concretas para promover soluciones o sancionar a los contaminadores. También es cuestionable, en este sentido, la actuación de las Gobernaciones de los departamentos Central y Cordillera, y de todas las Municipalidades que se encuentran dentro de la cuenca del lago, pero más directamente, las de San Bernardino, Areguá y Ypacaraí, que de acuerdo al Art. 12 de la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/10, son las que, en este caso, están directamente obligadas a preservar, conservar, recomponer y mejorar los recursos naturales significativos del municipio, entre los que el lago ocupa el lugar preponderante.

La Ley Nº 6123/18, por la cual se elevó la Seam al rango de Ministerio, expresa taxativamente que esta institución, además de “diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar la Política Ambiental Nacional, a fin de cumplir con los preceptos constitucionales que garantizan el desarrollo nacional con base en el derecho a un ambiente saludable y la protección ambiental”, se constituye, conforme al art. 3º, en “autoridad de aplicación” de la Ley Nº 3239/07 “De los

recursos hídricos del Paraguay”. De esta manera, el Mades es el ente del Estado, la autoridad que gobierna y administra los asuntos referentes a los ríos, arroyos, lagos y otros cursos de agua del país. En otros términos, en el caso del lago Ypacaraí debería encabezar la tarea de reunir las fuerzas existentes y dirigirlas hacia su recuperación. Pero nada de eso ocurre y el lago continúa en la misma situación de abandono, un panorama actualmente más triste por la acentuada bajante de sus aguas, ocasión que bien se hubiera aprovechado para encarar alguna acción concreta en busca del objetivo señalado.

Vale la pena recalcar también la gran responsabilidad que les corresponde a los municipios que circunvalan el

lago que, por mezquindades y miopía, no han sido capaces –ni individual ni colectivamente– de llevar adelante algún tipo de trabajo cuyo éxito les hubiera hecho merecedores de reconocimiento social. Pero le han dado las espaldas a un recurso de tal magnitud que podría haber redundado en importantes beneficios, tanto socioeconómicos como ambientales.

Así las cosas, seguirán los lamentos por lo que se hizo o no, mientras el lago continuará su degradación, sin descartarse la posibilidad de que llegue a colapsar, sin que ni siquiera se permita aprovecharlo en forma precaria.

Es imperioso revertir esta realidad que ha sido considerada por las autoridades como “causa nacional”, para

que no se convierta en una “causa perdida”. Hasta ahora, los pocos y tímidos intentos que se han realizado han constituido un rotundo fracaso.

Los habitantes de las comunidades aledañas, así como los miles de veraneantes que cada año acuden desde Asunción y de otras localidades, deben elevar su voz reclamando que se lleguen a aplicar los resultados que habrán arrojado tantas comisiones formadas y tantos

estudios realizados. Ya no se puede seguir perdiendo el tiempo mientras el lago agoniza.