Morínigo, con arresto y sin permiso para trabajar
El juez penal de garantías de delitos económicos Humberto Otazú dejó sin efecto el permiso para trabajar otorgado a la abogada María Selva Morínigo, esposa del exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, en el proceso que afronta por lavado de dinero. En consecuencia, se mantiene su arresto domiciliario sin concesión alguna.
Fue en una audiencia de revisión de medidas, realizada en cumplimiento de una resolución del Tribunal de Apelación, 1ª sala, integrado por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos.
Específicamente, los camaristas revocaron una resolución dictada el 16 de setiembre del año pasado, mediante la cual Otazú otorgó a Morínigo un permiso especial para trabajar los días martes y jueves de 08:00 a 14:00 y rechaza un permiso solicitado por la procesada para trasladarse a una agroganadera ubicada en el Chaco, de jueves a lunes, una vez al mes.
Esta decisión fue apelada por la procesada, quien pretendía disponer de los dos permisos. Sin embargo, el recurso planteado tuvo un efecto contrario para la letrada, que terminó privada de ambos beneficios.
Incompatibilidad
En una decisión unánime, el Tribunal afirma que el arresto domiciliario no es compatible con el permiso laboral y además, desnaturaliza la medida sustitutiva de prisión.
“La normativa penal no permite permisos para trabajar cuando se concede arresto domiciliario como medida alternativa a la prisión. Si fuere necesario, el arresto podrá mantenerse con o sin custodia policial bajo un régimen aleatorio, pero que lo que no es posible es imponer arresto domiciliario con permiso para trabajar, dado que el arresto es utilizado como abono para una eventual condena con base al art. 69 del Código Penal, por ente el arresto domiciliario resulta incompatible con el permiso para trabajar aludido”, afirma la Cámara.
Otros en situación irregular
Si bien la resolución de la Cámara afecta únicamente a Morínigo, sin duda causará gran inquietud a procesados en similar situación.
Tal es el caso del mismo Díaz Verón –procesado por enriquecimiento ilícito–, el exsenador Óscar González Daher y su hijo, el concejal municipal Rubén González Chaves, procesados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa y el primero además por cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias por el caso de los audios filtrados por radio ABC Cardinal.