Irregularidades en compras de Salud Pública dejaron pérdidas incontables
La ineficiencia del Ministerio de Salud Pública dejó perjuicios incalculables al país. Todos los procesos de compras encarados en el marco de la emergencia sanitaria fueron anulados debido a irregularidades detectadas. Insumos
que eran vitales para afrontar al coronavirus no pudieron ser adquiridos debido a vicios de nulidad. Al menos G. 180.000 millones de dinero público iban a ser entregados en contratos que no cumplían con la ley.
La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (CESC), encabezada por el ministro Arnaldo Giuzzio, reveló el viernes último en su informe que las 32 convocatorias para provisión de artículos médicos hechas por el Ministerio de Salud Pública para encarar la emergencia sanitaria, estuvieron plagadas de diversas irregularidades.
Según el resultado de la revisión, no hubo siquiera un solo proceso de adquisición iniciado por el ministerio dirigido por el doctor Julio Mazzoleni, respecto al coronavirus, que no tuviera al menos una anomalía.
De acuerdo a los datos que constan en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dichos llamados iban a representar erogaciones de al menos por G. 176.157 millones.
Los gastos podrían ser mayores si se tiene en cuenta que Salud Pública no colgó todavía en la web de la DNCP los datos de diez de los 32 procesos de adquisición cuestionados. Esto es debido a que, acogidos en la ley de Emergencia, realizaron todos los llamados por la vía de la excepción, lo que permitió a la cartera estatal publicar los procesos recién después de firmar los contratos.
Sin insumos esenciales para la pandemia
Las irregularidades cometidas por los funcionarios de Salud Pública dejaron al país sin insumos que eran considerados “esenciales” para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus.
Por ejemplo, en los operativos figuraba que debían ser adquiridos respiradores, tapabocas, medicamentos varios, camas hospitalarias y elementos de protección y bioseguridad para el personal de Salud.
Según el mismo ministro Mazzoleni, todos aquellos productos eran esenciales para llegar a la flexibilización de la cuarentena. El país quedó paralizado durante tres meses con la promesa de que ese período sería utilizado para equipar los hospitales a fin de poder responder favorablemente en caso de contagios masivos con covid-19. Sin embargo, las irregularidades cometidas en los procesos de adquisición privaron al Paraguay de los equipamientos pretendidos, mientras las pérdidas económicas como consecuencia de la paralización son incalculables.
Funcionarios responsables
El informe de la citada comisión dice además que podrían existir responsabilidades cuando menos administrativas
de los funcionarios involucrados en los procesos de compra, lo cual
deberá ser analizado en las investigaciones correspondientes.