Piden auditar de nuevo Gobernación caaguaceña
CORONEL OVIEDO (Víctor Daniel Barrera Burgos, de nuestra redacción regional). Los concejales departamentales de Caaguazú pidieron a la Contraloría General de la República (CGR) una nueva auditoría por millonarias irregularidades en la ejecución presupuestaria del periodo 2019 del gobernador de Caaguazú, Alejo Ríos Medina (PLRA).
La denuncia fue hecha después de que los ediles rechazaran en dos ocasiones el informe del Ejecutivo gubernamental.
Los ediles habían rechazado el viernes 13 de marzo pasado la ejecución presupuestaría 2019 del Gobernador de Caaguazú.
Guerra de resoluciones
El 20 de marzo el Jefe Departamental respondió con otra resolución, la Nº 845/2020, mediante la cual vetó totalmente la ordenanza Nº 04/2020 emitida por la Junta Departamental, a través de la cual los ediles rechazaron la ejecución presupuestaria 2019 de más G. 72.000 millones.
La resolución N° 845 fue nuevamente rechazada con el voto de 11 concejales colorados, contra los siete del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dos del Frente Guasu (FG) y uno del Partido Febrerista (PF). Todos los colorados rechazaron la ejecución presupuestaria, mientras que las demás bancadas votaron por la aprobación.
Millonarias irregularidades
El presidente de la Junta Departamental, Perazu Alfonzo (ANR), comentó que se cuestionan seis puntos de la rendición de Ríos, donde se observan millonarias irregularidades en el uso del dinero público.
Mencionó que pese a la auditaría ya realizada este año por la Contraloría, que fue en marzo de este año, piden nuevamente hacer estudios minuciosos en los puntos rechazados por los ediles.
Por su parte, la administradora de la gobernación de Caaguazú, Lucía Burgos, manifestó que en el ámbito administrativo ya agotaron todas las instancias y que, tras la ratificación de los concejales en el rechazo, también remitieron todos los informes a la Contraloría para que estén al tanto de la situación.
Indicó que de la misma forma, también los documentos fueron remitidos al Tribunal de Cuentas para informar sobre el caso.
El año pasado, la Gobernación fue denunciada por supuesta sobrefacturaciones en la merienda escolar y la compra de leche al doble de su precio, para 66.610 escolares en todo el departamento.