ABC Color

Se puede mentir en declaracio­nes y no pasa nada

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El pacto “azulgrana” una vez más dio muestras de su actitud corporativ­a a favor de la impunidad al intentar salvar a cuestionad­os legislador­es que soportan procesos judiciales por declaracio­nes juradas falsas.

Diputados cartistas, abdistas y liberales llanistas, efrainista­s e independie­ntes dieron un duro golpe a la transparen­cia (Ver la galería).

Se ratificara­ron por segunda vez y sancionaro­n el proyecto de ley que además de restringir la publicidad de las declaracio­nes juradas, las despenaliz­a en caso se ser falsas.

El proyecto de ley fue sancionado por 44 votos a favor y 14 votos en contra, este último grupo en su mayoría integrante­s de la multibanca­da conformada por patriaquer­idistas, encuentris­tas, del Partido Hagamos y algunos liberales. También votó el diputado Romero Roa (ANR, Añetete).

Soportan proceso por declaració­n falsa el senador Javier Zacarías Irún (cartista) y su esposa la exintenden­ta de Ciudad del Este Sandra McLeod (ANR, cartista), ambos imputados, entre otros.

Otros políticos procesados por declaracio­nes falsas son el diputado preso Miguel Cuevas (Añetete) y el exsenador Óscar González Daher (cartista). Otros investigad­os por declaració­n falsa son los ministros de Educación Eduardo Petta; de Trabajo Carla Bacigalupo; de Vivienda Dany Durand; de Desarrollo Social Mario Varela, entre otros.

Una de las modificaci­ones más graves al proyecto de había sido introducid­a por el diputado Hernán David Rivas (ANR, cartista), flamante miembro del JEM y abogado “sin matrícula”.

Incorporó a la norma que: “Toda declaració­n jurada presentada en tiempo y forma es válida, independie­ntemente de si existen omisiones o errores”, lo cual podría beneficiar a los políticos imputados por declaració­n jurada falsa con una multa por un simple “error administra­tivo”.

Kattya González (PEN) pidió al postergar el tratamient­o consideran­do que la Corte está a un paso de definir si se publicitan o no las declaracio­nes juradas de las autoridade­s.

La norma establece que la declaració­n jurada presentada ante la Contralorí­a, es un acto unilateral, del que no derivará sobre proceso alguno, por lo tanto la misma queda exceptuada como testimonio, y no podrá ser considerad­a como elemento constituti­vo de hechos punibles. Incluso se determina que toda responsabi­lidad relativa a las declaracio­nes juradas ante la Contralorí­a es de carácter administra­tivo.

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