Honrando su nombre
La vergüenza es definida por la Real Academia de la Lengua Española como la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante. Pero también, según una de sus acepciones, se aplica a la cosa o persona que causa deshonra.
Siendo estas algunas definiciones posibles, la vergüenza entonces no solo explica el sentimiento que podría tener el protagonista de la acción, sino de todos aquellos que la presencien.
Hará cosa de casi veinte años, cuando la Cámara de Diputados comenzaba a ser bautizada popularmente como la Cámara de la Vergüenza, por algunas escenas pugilísticas en su recinto, semidesnudos parlamentarios, exposiciones paupérrimas de muchos de sus integrantes y, sobre todo, el corporativismo manifestado periódicamente para proteger a varios de sus miembros sospechosos de casos de corrupción.
El mote se fue renovando periódicamente con episodios similares, y si bien es cierto que hay algunas personas decentes que la integran en cada periodo, y que las generalizaciones son odiosas, tampoco es menos cierto que la sensación que deja de cara a la sociedad sigue siendo la misma.
Esta semana la mayoría de sus miembros volvió a hacer suficientes méritos para justificar el mote, cuando 44 de ellos votaron para aprobar la despenalización de las Declaraciones Juradas de Bienes de contenido falso, reduciendo esta conducta a una simple falta y no a una maniobra para evitar revelar el patrimonio personal de un servidor público.
Siendo así las cosas, cualquiera podría evitar declarar su patrimonio bajo la excusa de que solo cometió un error por el que solo pagaría una multa si no corrige el error dentro de los 30 días de su notificación por parte de la Contraloría.
El diputado cartista Derlis Maidana intentó justificar el despropósito en algunas entrevistas en las que argumentó que finalmente no se despenaliza porque en última instancia la Contraloría podría presentar una denuncia penal, una vez que haga los cruces de los datos patrimoniales del funcionario investigado, pero eso será solo al final, cuando el funcionario en cuestión haya desaprovechado todas las oportunidades previas que tuvo para blanquearse.
Tan vergonzante fue la situación, que 3 diputados liberales, Sergio Rojas, María López y Marcelo Salinas, emitieron luego un comunicado en el que anunciaron que de darse el veto del Ejecutivo, lo acompañarán para rectificar la posición inicial y así honrar el reclamo ciudadano.
Son los primeros 3 “arrepentidos”, algo que suele darse de tanto en tanto cuando bajo la lógica del tanteo acompañan un proyecto que va contra el interés público para medir hasta dónde llega la reacción ciudadana.
Pero esto no acabó acá. Dos días más tarde, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, reveló que un grupo de Diputados presentó una recusación contra todos los miembros de la Sala Constitucional ampliada, para intentar frenar la decisión que debían tomar sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría para evitar dar a publicidad las declaraciones juradas.
Pero, además, el propio presidente de la Corte confirmó que incluso varias firmas del escrito de recusación presentado por los Diputados son ilegibles y no fueron aclaradas, por lo que no se puede identificar claramente a todos los firmantes.
Es lo que habitualmente se denomina, una conducta vergonzante.
Saludablemente y de forma coherente, los miembros de la Sala rechazaron por unanimidad el intento de frenar una decisión judicial, y al resolver la cuestión de fondo contemplaron el interés público y el principio republicano del control ciudadano a sus gobernantes.