Se pisotea a la Justicia
El mayor riesgo que tiene la Justicia es que se perviertan sus nobles y genuinos objetivos en desmedro de la ciudadanía. La clase política en nuestro país es un garrote permanente para el sistema judicial. Los políticos, al contar con representación ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se posicionan en un ámbito de privilegio en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Recientemente la Cámara de Diputados, resolvió cambiar a su representante Ramón Romero Roa. Lo hizo en abierta contraposición a la ley 3759 que reza en la última parte del artículo 3° que “los miembros del Jurado durarán en sus funciones hasta tanto cumplan el período para el que hubieran sido electos o designados”.
Demás está decir que Romero Roa fue electo como diputado y que su función dura cinco años. Entonces, en su calidad de representante de la Cámara Baja debería permanecer por igual tiempo como representante ante el JEM.
Sin embargo, en mayoría se decidió reemplazar a Romero Roa, sin hacer uso de la vía constitucional del juicio político.
En su reemplazo nombraron al colorado cartistas Hernán David Rivas y acá se genera otro problema.
El mismo se recibió de abogado en una universidad privada, pero nunca juró como profesional del derecho ante la Corte Suprema.
Al no contar con la matrícula se da por descontado que no ejerció la profesión de abogado y que su título es de “cartón”.
Es decir se convirtió en juzgador de jueces, sin conocer sus funciones y mucho menos contar con una experiencia profesional para poder juzgar a los magistrados y fiscales.
Esto se convierte en una prueba de fuego para la renovada Corte Suprema de Justicia que no solo deberá establecer la interpretación jurídica, sino que terminará siendo la voz de un Poder Judicial y de un Ministerio Público, cuyas asociaciones que aglutinan a jueces, magistrados y fiscales se mostraron indiferentes ante esta situación que les planteó la clase política.
Paradójicamente, Rivas juró como miembro del JEM ante el senador Enrique Baccheta, a quien durante el gobierno anterior la Corte había anulado su representación por la Cámara Alta, luego de que Óscar González Daher recurrió al máximo tribunal. Esto, a su vez, constituye un antecedente próximo de resolución judicial.
El JEM pese a que tiene una representación política no puede ser utilizado como garrote ni mucho menos como organismo de presión por parte de políticos inescrupulosos.
Si los operadores de la Justicia no se hacen respetar, los ideales de igualdad jurídica para todos, sin excepción, se alejarán aún más de los que ya están distanciados.