“Si es como dice la prensa...”
En un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia ordenó el jueves que las declaraciones juradas de las autoridades de la República sean de libre acceso ciudadano. Con un 8 a 1, el partido se definió a favor de la transparencia luego de dos años de idas y venidas y en el último tramo con presión de un grupo de Diputados para que esto sea rechazado.
Conviene puntualizar que este fallo hace públicas todas las declaraciones, salvo las partes que contienen datos declarados como secretos o reservados por otras leyes; a saber: nombres de menores de edad, domicilios y teléfonos particulares de los declarantes y números de cuentas bancarias.
Con estas variables en claro, la ciudadanía tiene luz verde para ejercer su derecho a contraloría. Pero... no tan rápido ciudadanía, quieta ahí, porque aunque festejemos este gol de media cancha, Diputados entra con un VAR amañado en forma de ley que intenta despenalizar las declaraciones juradas falsas y que todo quede en algún tipo de tironcito de oreja administrativo.
En esencia, lo que plantean estos parlamentarios es que eventualmente se puedan falsear u omitir informaciones y dejar en nada algo que hoy está penado como mínimo en dos artículos de Código Penal (el 243, declaración falsa y el 251, producción mediata de documento publico de contenido falso).
Mentir en una declaración falsa es un hecho punible. Punto. Pero lo que plantean los Diputados con su Ley, aprobada a tambor batiente aprovechando la mayoría automática para sancionar, es validar infamias como el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero, y cobrar alguna que otra multita sin que pase a mayores. Es evidente que hay un grupo de la vieja clase política, de la vieja escuela política, desesperada porque sus chanchullos no salgan a la luz pública. Decía el abogado Ezequiel Santagada que se trata de un juego perverso al decir que la responsabilidad ante un falseamiento sea meramente administrativa. La primera parte del artículo 1 está directamente relacionada con el eje de la defensa de uno de los legisladores que está imputado por declaración jurada falsa. Ahora bien, la última responsabilidad sobre la promulgación de esta Ley la tiene el presidente Mario Abdo Benítez, quien dijo que “si es como estoy leyendo en los medios de comunicación que se despenaliza el falseamiento de la declaración jurada, evidentemente vamos a vetar el proyecto”.
No es solamente “como dice la prensa”, presidente. Este proyecto de ley es un despropósito, un retroceso y un escudo para los ladrones de siempre que viven y han vivido bajo el manto de la impunidad. Hágase y háganos el favor de vetar este nuevo intento por vernos la cara de estúpidos y abrir la puerta o la canilla para que nos sigan robando.