EDITORIAL

Supervisión ya a los fondos jubilatorios. La nueva intentona de manotear ilegalmente recursos del fondo de pensiones del IPS para cubrir gastos de la institución ajenos a sus fines específicos, en contra de lo establecido por la propia Constitución Nacional (art. 95), pone una vez más de manifiesto la necesidad imperiosa de crear y poner en pleno funcionamiento un órgano supervisor que fiscalice el cumplimiento de las normas destinadas a garantizar un manejo correcto, profesional y prudente de los aportes jubilatorios de los trabajadores. Es inconcebible que sistemas de ahorro obligatorio a largo plazo, compuestos por contribuciones forzosas extraídas directamente de los salarios de los trabajadores formales, más las cargas laborales impuestas a los empleadores, funcione sin vigilancia externa y verificable. Los asegurados del IPS y de todas las cajas de jubilaciones y pensiones deben exigir que haya un ente de control independiente que garantice que los fondos de pensiones, tal como lo establece la Constitución, sean destinados exclusivamente a su fin específico.

La nueva intentona de manotear ilegalmente recursos del fondo de pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS) para cubrir gastos de la institución ajenos a sus fines específicos, en contra de lo establecido por la propia Constitución Nacional (art. 95), pone una vez más de manifiesto la necesidad imperiosa de crear y poner en pleno funcionamiento un órgano supervisor que fiscalice el cumplimiento de las normas destinadas a garantizar un manejo correcto, profesional y prudente de los aportes jubilatorios de los trabajadores.

Es inconcebible que sistemas de ahorro obligatorio a largo plazo, compuestos por contribuciones forzosas extraídas directamente de los salarios de los trabajadores formales, más las cargas laborales impuestas a los empleadores, funcione sin vigilancia externa y verificable.

Así como a nadie se le ocurriría a estas alturas que las entidades financieras manejasen los ahorros de la gente sin una superintendencia de bancos y sin someterse a estrictas normas generales, con muchísimo menor razón se puede seguir permitiendo que el IPS y las demás cajas de jubilaciones continúen manejándose sin una superintendencia de pensiones que las controle.

Se alega que cada una de ellas tiene sus procedimientos internos, sus auditorías y, en el caso del IPS, sus informes a la Contraloría General de la República, pero está claro que nada de eso es suficiente. El IPS ha sido un antro de corrupción y de despilfarro desde su creación, a lo largo de los años ha sufrido gigantescas pérdidas a costillas de los aportantes que nunca se han cuantificado en su real magnitud, y todo sigue igual como si nada.

Y ni hablar de las otras cajas, la mayoría de ellas quebradas. Basta recordar el caso de la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi), donde se rifaron 188 millones de dólares de la manera más burda imaginable, por lo cual solo algunos de los responsables fueron condenados y ya están por salir en libertad, mientras que del dinero, de más está decir, no quedan ni rastros.

Quienes se oponen al proyecto que “Crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y Establece Normas de Regulación y Supervisión” también alegan que estas cajas están y deben estar administradas por “sus dueños”, que son los aportantes, y que el Estado no tiene que inmiscuirse.

En primer lugar, dicho proyecto no tiene nada que ver con la administración específica de cada entidad, sino con el control de las mismas. En segundo lugar, en el caso del IPS, es por lo menos discutible que las centrales obreras, los gremios empresariales y demás estamentos que integran el Consejo tengan una representatividad legítima de los “dueños” de los aportes. Y en tercer lugar, y quizás más importante, tales “representantes” no han impedido la dilapidación de los fondos jubilatorios.

El último incidente lo prueba una vez más. El proyecto de ley presentado por el senador Silvio Ovelar (ANR, abdista) para echar mano al fondo de pensiones solo se retiró por la reacción que provocó en la ciudadanía. Nada se les escuchó decir al representante de las centrales obreras, Gustavo Ramón Arias, ni al representante de la Feprinco, Miguel Ángel Doldán ,nial representante de los jubilados, Roberto Brítez. Ni una palabra en contra dijeron los representantes del Poder Ejecutivo, Vicente Bataglia y Ludia Silvera, mucho menos el presidente del instituto, Andrés Gubetich, que antes bien se mostró muy conforme y esperanzado de contar con esos recursos para cubrir los saldos rojos de la paquidérmica institución.

Tampoco se opusieron los miembros del Consejo, entonces presidido por el actual ministro de Hacienda, Benigno López,

cuando se aprobó una ley similar en 2016 (la 5655/16), que habilitó a utilizar hasta el 40 por ciento de las rentas de los fondos jubilatorios en “préstamos” al Sector Salud para construcción de hospitales.

Ningún miembro del Consejo salió ni antes ni ahora a señalar que ello es inconstitucional, ya que la construcción de hospitales no es un fin del fondo de pensiones. Tampoco nunca nadie salió a informar cuáles fueron esos “préstamos”, qué rendimiento tuvieron, cuándo y en qué condiciones el fondo de pensiones va a recuperar su patrimonio escamoteado.

Tampoco los sucesivos miembros del Consejo del IPS han hecho algo efectivo para evitar que el ente acumule ¡más de 17.500 funcionarios!, sin contar los de los múltiples servicios tercerizados que se contratan con dudosa necesidad y sospechosa connivencia con algunos grupos empresariales. Según la ejecución presupuestaria de 2019, el IPS destinó el año pasado 273 millones de dólares solo a remuneraciones, ¡casi el 25 por ciento de lo que aportan los trabajadores y empleadores!

Se suele argüir que el 70 por ciento es “personal de blanco”, un argumento sumamente discutible. En primer término, el 30 por ciento restante equivale a 5.250 personas, número altísimo para hacer funcionar un ente como IPS. En segundo término, dentro de “personal de blanco” se incluyen a empleados de hospitales que no tienen funciones médicas o paramédicas directas. Y en tercer término, de acuerdo con la ley, el Fondo de Salud se conforma con el 39 por ciento de los ingresos de IPS, unos 450 millones de dólares anuales. En el caso de que esto se estuviera cumpliendo (y no está claro que así sea), significaría que casi la mitad del presupuesto de salud se está destinando al pago del personal, y solo queda la otra mitad para mantener los hospitales, comprar los insumos, los equipos, los medicamentos, el combustible.

Proteste quien proteste, los asegurados del IPS y de todas las cajas de jubilaciones y pensiones deben exigir que haya un ente de control independiente de las respectivas administraciones que supervise el sistema, fiscalice el cumplimiento de las normas y de los ratios de eficiencia, mantenga informados a los aportantes y garantice que los fondos de pensiones, tal como lo establece la Constitución Nacional, sean destinados exclusivamente a su fin específico, que es el pago de las jubilaciones de los trabajadores después de toda una vida de sacrificios.