Un paso firme en la búsqueda de la anhelada transparencia.

Dos días después de que el Congreso haya resuelto despenalizar la falsedad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercen una función pública, el pleno de la Corte Suprema de Justicia defendió el derecho a la información al dictar un fallo tan favorable a la transparencia como contrario a la corrupción. Alegra constatar que, pese a todo, aún existen magistrados que amparan al ciudadano con la Constitución en la mano, frente a quienes tratan de impedir que sus latrocinios salgan a la luz. La decisión de la máxima autoridad judicial se funda en el “indiscutible” derecho que tienen los gobernados a conocer el patrimonio de quienes perciben un salario, gracias a los impuestos que ellos pagan. Nada hacía presagiar una sentencia tan encomiable, que alienta la esperanza de contar, alguna vez, con una judicatura que dependa de la ley y no de los mandones de turno.