Un paso firme en la búsqueda de la anhelada transparencia
Dos días después de que el Congreso haya resuelto despenalizar la falsedad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercen una función pública, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defendió el derecho a la información al dictar un fallo tan favorable a la transparencia como contrario a la corrupción. Alegra constatar que, pese a todo, aún existen magistrados que amparan al ciudadano con la Constitución en la mano, frente a quienes tratan de impedir que sus latrocinios salgan a la luz. Culminó así un proceso judicial iniciado hace casi tres años, cuando un periodista de este diario promovió una acción de amparo porque la Contraloría General de la República se negó de hecho a entregarle copias de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ocuparon los más altos cargos públicos entre 2008 y 2017.
El ex contralor general Enrique García, respondiendo quizá a sus propios intereses y a los de políticos muy influyentes, planteó una acción de inconstitucionalidad contra las decisiones de un juez y de un Tribunal de Apelación, que habían hecho lugar al reclamo, conforme a Derecho. La máxima autoridad judicial acaba de rechazarla, por ocho votos contra uno, fundada en el “indiscutible” derecho que tienen los gobernados a conocer el patrimonio de quienes perciben un salario, gracias a los impuestos que ellos pagan. Nada hacía presagiar una sentencia tan encomiable, que alienta la esperanza de contar, alguna vez, con una judicatura que dependa de la ley y no de los mandones de turno. Se recordará que cuando el Senado estudiaba un proyecto de ley que disponía, entre otras cosas, difundir las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes cumplen una función pública, el exministro de la CSJ Raúl Torres Kirmser se permitió enviar una nota, en nombre de esa institución, para desaconsejar a los senadores la aprobación de dicha norma. Quienes hicieron mucho bien a la República, evitando deteriorar aún más la imagen del Poder Judicial, fueron los ministros Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón y Carolina Llanes, así como los camaristas Óscar Paiva Valdovinos, Valentina Núñez, Marcos Riera Hunter y María Mercedes Buongermini. El también camarista Guido Cocco, preopinante, fue el único que votó a favor de la acción de inconstitucionalidad promovida, es decir en contra de la transparencia.
Por lo visto, al menos los ocho primeros nada tienen que ocultar en cuanto al valor de sus respectivos patrimonios y a la verosimilitud de las declaraciones juradas que presentaron. Quienes sí tendrían mucho que esconder son los políticos que han recurrido a presiones hasta poco antes de emitirse el fallo, para que la ciudadanía no pueda recibir una información de evidente interés público. En efecto, el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, reveló al iniciarse la sesión transmitida en directo que hubo un postrer intento de incidir en el delicado asunto, mediante la presentación de documentos con firmas no aclaradas. La gravedad de sus dichos exige que el ministro presente una formal denuncia, contra personas innominadas, ante el Ministerio Público.
Si bien el ejemplar fallo que rechaza la acción de inconstitucionalidad solo tiene relación con el caso planteado, resulta claro que, en adelante, la Contraloría no podrá negarse a entregar a un ciudadano la copia de las declaraciones juradas de bienes y rentas que le interesen. Es obvio que sería mucho más sencillo que el citado órgano publique todas ellas en su portal informático, tal como se había previsto en un proyecto de ley empeorado luego por la Cámara Baja, que terminó imponiendo, con la aquiescencia del Poder Ejecutivo, la obligación de que antes intervenga la judicatura para que la Contraloría publique alguna declaración jurada de bienes y rentas.
De lo dispuesto por la Corte, se desprende que dicha exigencia es inconstitucional, pues, si lo fuera, habría hecho lugar a la acción planteada por Enrique García .Lo resuelto responde a la necesidad de transparentar los bolsillos de los “servidores públicos” para que al menos reflexionen antes de caer en la tentación del enriquecimiento ilícito. La publicidad dará una respuesta a la vieja pregunta de quién controla a los controladores, si también estos chapotean en la corrupción, al igual que más de un legislador. Y la respuesta es que el control debe estar, en última instancia, a cargo de una sociedad civil informada.
La Corte dictó el relevante fallo días después de conocerse un informe de dos organizaciones norteamericanas sobre la capacidad de combatir la corrupción en América Latina. Paraguay es el tercer país peor calificado en la materia. Uno de los analistas de la organización Control Risks, Leandro Lima, sostuvo que la publicidad de las declaraciones juradas de bienes en nuestro país es un esfuerzo anticorrupción importante, pues permitiría identificar a quienes enriquecieron sospechosamente durante sus mandatos. Eso también lo saben los “sospechosos”, de modo que no debe extrañar que hayan tratado de impedir, hasta el último instante, que sus víctimas echen un vistazo a sus manifestaciones patrimoniales, por si se les hubiera ocurrido ocultar algo.
El 11 de junio fue un buen día para el Paraguay, siendo de esperar que también implique el inicio de una renovación moral de la administración de Justicia. Por supuesto, este anhelo se extiende también a los otros Poderes del Estado, para remover, todos juntos, el fango de la corrupción que embadurna el rostro de la República.