Fernández ratifica estatización de Vicentín
BUENOS AIRES (EFE). El presidente argentino, Alberto Fernández, ratificó ayer su intención de estatizar el gigante agroexportador Vicentín, según él para evitar sea adquirida por extranjeros.
“La única alternativa que nos queda es la expropiación”, alegó ayer Fernández en declaraciones a Radio 10, de Buenos Aires.
Fernández sorprendió el pasado lunes al anunciar su decisión de intervenir la firma y enviar al Parlamento un proyecto de ley para expropiarla y que sus activos conformen un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, la división de negocios agropecuarios de YPF, la mayor productora de hidrocarburos del país.
La decisión fue adoptada luego de que en diciembre pasado Vicentín SAIC, el buque insignia del grupo Vicentín y dedicada a la compra, molienda y exportación de granos y derivados, entrara en cesación de pagos y solicitara en febrero la apertura de un concurso preventivo de acreedores.
Sostuvo que no le agradó la constitución de un comité de acreedores externos como “paso previo al cramdown”, un mecanismo legal que permite a un acreedor inscribirse en un registro para proponer tomar el control de una empresa concursada a cambio de asumir la deuda y acordar el pago con el resto de los acreedores.
“La verdad es que me preocupó mucho que alguien presente el cramdown y que la empresa termine en manos de capitales extranjeros. Tengamos
en cuenta que en Argentina hay siete cerealeras y cuatro de ellas son de capitales extranjeros”, alegó.
Argumentó que, ante este escenario, tomó la decisión de avanzar hacia un “rescate” de la compañía, creada en 1929 en la provincia de Santa Fe y controlada por descendientes de sus fundadores.
“Qué hicimos nosotros: rescatar a Vicentín, rescatarla de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina o con la quiebra de Vicentín o con el pase de Vicentín a manos de capitales extranjeros ” , afirmó.
La deuda de la firma está calculada en unos 1.350 millones de dólares y entre sus acreedores están 2.600 productores agropecuarios, bancos públicos, y acreedores extranjeros.