Proceso por un caso de narcotráfico a Brasil podría quedar en el oparei
Por una cuestión formal, un proceso abierto por supuesto narcotráfico al Brasil podría quedarse en el oparei. La Cámara de Apelación anuló una resolución y ahora, previo sorteo, el caso será derivado a un juez de garantía que deberá definir la cuestión y ponerle punto final.
Se trata de un proceso iniciado en setiembre del 2018 con la detención de ocho personas y el decomiso de camiones de gran porte, lanchas, camionetas y armas de fuego con municiones, en un procedimiento realizado en Puerto Marangatu, distrito de Nueva Esperanza, a 90 kilómetros al sur de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.
Los intervinientes detuvieron a los brasileños Juliano Gardel Daros (quien tenía orden de captura en su país por tráfico de drogas y homicidio), Clenio Tonczak (con antecedentes y mandato de prisión en Brasil), Ray Enrique da Silva, Elisandra de Vargas Camargo, Dalva Fernanda Ribeiro y Rodrigo Gomes, quienes fueron expulsados del país por estar en situación ilegal.
En la ocasión, fueron igualmente arrestados los brasileños Vilmar Ferrari Marquez y Marcio Ferare, pero ellos no fueron expulsados porque tenían cédula de identidad paraguaya.
El 4 de setiembre de 2019, la fiscala Lorena Ledesma acusó y pidió juicio oral y público para los Ferare, por distintos delitos previstos en la ley de drogas, luego de lo cual fue recusada. En la audiencia preliminar realizada el 11 de diciembre, participó el fiscal Carlos Alcaraz, quien tras ratificarse en la acusación, terminó por cambiar de postura y dar su consentimiento para un procedimiento abreviado a favor de los acusados.
La jueza dio trámite de oposición al requerimiento, motivo por el cual el caso fue enviado a la Fiscalía General del Estado para que se ratifique o rectifique en su postura.
El 30 de diciembre pasado, el fiscal adjunto antidrogas Marco Alcaraz solicitó sobreseimiento provisional de los hermanos Vilmar y Marcio Ferare a fin de poder realizar una serie de diligencias pendiente para poder dar un cierre definitivo al caso.
Resultado de la pericia de extracción de datos de los celulares incautados, extracción de imágenes de circuito cerrado de seguridad del inmueble allanado, propiedad de Vilmar Ferare, resultado de la extracción de datos de los equipos informáticos incautados durante el procedimiento, pericia de micro aspirado de los vehículos incautados (depositados en depósito de la Senabico), pedido de cooperación jurídica internacional con la República Federativa de Brasil, a los efectos de determinar el hurto de la moto sky Yamaha y ampliación de las declaraciones de los testigos Fabián Godoy y Rodrigo Godoy, ambos de la Senad, son las diligencias requeridas por Alcaraz.
En una audiencia realizada el 3 de febrero pasado en la que participó el fiscal Carlos Alcaraz, la jueza otorgó sobreseimiento provisional de los Ferare y dispuso levantamiento de las medidas que pesaban contra ellos.
La defensa requirió la devolución de los bienes incautados al inicio el proceso, petición rechazada por la magistrada en atención a las diligencias requeridas por el fiscal y que se encuentran pendientes de realización, tal como la pericia de microaspirado de los vehículos. Esta decisión fue apelada por la defensa, que pidió revocar la resolución.
En su contestación, el fiscal Ysaac Ferreira se opuso a la petición de la defensa en razón de las diligencias pendientes y precisó que la devolución de dichos rodados imposibilitaría la obtención de la verdad real, pues “afectaría drásticamente el proceso, en atención a la eventual contaminación del medio de prueba sobre el cual se tendría que realizar la operación técnica”.
En una resolución dictada el 1 de junio pasado, el camarista Pedro Mayor Martínez sostuvo que el requerimiento fiscal de sobreseimiento provisional no se encuadra dentro de lo previsto en la legislación vigente y por ende no es válido. Afirma que ante la oposición del juzgado, a la Fiscalía General del Estado le queda únicamente las opciones de ratificar o rectificar el dictamen del fiscal inferior, no así plantear una salida distinta a la que está en discusión, en el caso era la viabilidad o no del procedimiento abreviado.
Ante este escenario, el magistrado precisó que quedan las opciones de remitir el expediente nuevamente al juzgado para la realización de una nueva audiencia o decretar directamente el sobreseimiento definitivo, que fue la opción por la cual votó finalmente, previa nulidad de la resolución.
A su vez, el Dr. Gustavo Ocampos votó por anular la resolución y enviar nuevamente a primera instancia, para que se requiera una vez más el parecer de la FGE, a fin de que opte por ratificar o rectificar el dictamen anterior.