Los frutos putrefactos de la corrupción pueden comenzar a salir a luz.

Algunos paraguayos y paraguayas no dormirán bien estos días, porque saben que en esta semana, la luz del escrutinio público escupirá sobre la noche de sus latrocinios. Si todo sale como se anuncia, la Contraloría General de la República cumplirá la decisión emanada de la Corte Suprema de Justicia y pondrá a disposición del pueblo paraguayo las declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades y altos funcionarios públicos. La gigantesca implosión de la lucha ciudadana romperá así una de las más blindadas represas de aguas nauseabundas y repugnantes que por años construyeron corruptos de todos los colores para mantener oculto el dinero con que financian sus abusos. A la hora que suban a la página web de la Contraloría las declaraciones juradas de miles de funcionarios públicos, el pueblo paraguayo podrá tener una idea de los costos de la corrupción. Con esto, puede comenzar una era, más favorable, en la lucha contra este mal en el Paraguay.

Algunos paraguayos y paraguayas no dormirán bien estos días porque saben que en esta semana que comienza la luz del día del escrutinio público escupirá sobre la noche de sus latrocinios. Si todo sale como se anuncia, la Contraloría General de la República cumplirá la decisión emanada de la Corte Suprema de Justicia y pondrá a disposición del pueblo paraguayo las declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades y altos funcionarios públicos. La gigantesca implosión de la lucha ciudadana romperá así una de las más blindadas represas de aguas nauseabundas y repugnantes que por años construyeron corruptos de todos los colores para mantener oculto el dinero con el que financian sus vicios –hasta sus putas–, sus caprichos excéntricos, viajes y voracidades incalculables financiadas con el dinero de la gente. Cuando la Contraloría suba a su página web las declaraciones juradas de miles de funcionarios públicos, el pueblo paraguayo podrá tener una idea de los costos de la corrupción. El periodista de este diario Juan Carlos Lezcano y el abogado Ezequiel Santagada pelearon durante tres años por un derecho estipulado claramente en la Constitución Nacional. Aunque parezca una sinrazón luchar por lo que ya estaba ganado, ese esfuerzo tuvo que sortear situaciones increíbles. Hubo presiones de autoridades, tráficos de influencias de políticos y congresistas, y Gladys Bareiro de Módica ,la ministra de la Corte Suprema de Justicia, se atrevió hasta a enviar una nota al Congreso emitiendo una opinión en contra de un derecho que ella misma debió haberlo aprendido a proteger desde la facultad. Hace una semana, un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, con lecciones de republicanismo de su presidente doctor Alberto Ramírez Simón y de una gran mayoría de sus integrantes, ratificó lo que el pueblo siempre supo: que el acceso a las fuentes públicas de información es libre y está garantizado constitucionalmente. Si contamos desde la caída del dictador Alfredo Stroessner, llevamos 31 años padeciendo los avatares del ocultismo y el encubrimiento de los ladrones del dinero público. Si contamos desde 1992, año en el cual se consagró la Constitución de la República del Paraguay, son 28 años de arrastrar cadenas oscurantistas, pese a que el artículo 28 es demasiado claro: las fuentes públicas de información son libres para todos. Lo público pertenece al público y debe hacerse público. En los sucesivos Gobiernos de la posdictadura –todos colorados y una alianza opositora–, nuestros gobernantes se pasaron firmando acuerdos y convenciones, se desgañitaban proclamando a los cuatro vientos que luchaban contra la corrupción, pero nunca convirtieron sus enunciados en verbo y reglamento. Bajo la mesa y en la oscuridad, a escondidas, en ese hediondo lugar donde habitan la mafia, el crimen organizado, el lavado de dinero y la corruptela, el sector público ocultaba sus declaraciones juradas, muchas veces falsas. Bajo esa misma y hedionda mesa escondían sus millonarios e inexplicables bienes obtenidos, incompatibles con los salarios que ganaban en la función pública. Mientras varios países de la región vienen realizando esfuerzos para combatir la corrupción, el nuestro viene tocando fondo en la materia. A fines de octubre se filtró un informe de la Contraloría General de la República donde se señalaban serias inconsistencias en las declaraciones juradas de cinco ministros y un exministro. Pero todo terminó siendo un teatro tragicómico donde no se cobraba entrada. Fueron hallados indicios de enriquecimiento ilícito de funcionarios del entorno de Mario Abdo Benítez, que fueron remitidos al Ministerio Público para que los agentes fiscales los examinaran. Hoy día se confirma que fue uno más de los conventilleos de prostíbulos a los que nos tienen acostumbrados. Hasta donde se sabe, el Ministerio Público no movió los reportes, y todos los denunciados siguen en sus puestos, con igual o mayor cargo, con igual o mayor poder, con los mismos o mayores salarios. Los afectados por el informe de la Contraloría fueron el ministro de Desarrollo Social Mario Varela, el de Educación Eduardo Petta , la titular del Ministerio de Trabajo Carla Bacigalupo, la ministra de la Mujer Nilda Romero Santacruz, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand, y el entonces ministro de Agricultura Denis Lichi (hoy día premiado con la titularidad de Petropar, el emporio de donde ya antes tuvo que salir Patricia Samudio, del mismo entorno áulico del Presidente, imputada por lesión de confianza). Este ejemplo nos confirma que la ciudadanía debe estar alerta más que nunca, porque no bastará con tener la posibilidad de conocer las declaraciones juradas de los infieles, ladrones y saqueadores del erario público, porque siempre se encontrarán atajos para salvar a los “amigos”. Habrá que escrutar aquellos más llamativos, que no condicen con las ostentaciones de sus titulares, para denunciarlos y procesarlos hasta enviarlos a la cárcel. El grupo StaR –iniciativa del Banco Mundial y de las Naciones Unidas para la recuperación de activos–, delimitó en un documento del 2017 de qué manera las declaraciones juradas pueden ayudar a poner fin a los refugios seguros para los fondos putrefactos que se lavan activamente en países de bajo control y de alta corrupción. Algunos de los puntos son tan lógicos que hasta no haría falta que nos señalen, pero, a la hora de la verdad, las medidas para combatirlos o son insuficientes o inexistentes. Un irrebatible análisis del equipo describe cómo se pueden recuperar los activos que se roban, cómo se mueven las manos que manejan los hilos, y lo más escalofriante que relata es cómo los corruptos usan estructuras legales para ocultar activos robados y qué hacer al respecto. Uno de los puntos más importantes que subraya es la penalización del enriquecimiento ilícito para luchar contra la corrupción y sugieren hasta una guía de cómo redactar formularios para tener declaraciones juradas efectivas. Mientras tanto, aquí nuestros legisladores hasta intentaron despenalizar la declaración jurada falsa. Hasta el 2017, 161 países habían introducido a sus sistemas de transparencia las declaraciones juradas, pero solo el 65% de ellos incluían también a sus familiares, entendidos ellos como cónyuges e hijos. El grupo StaR describe la posibilidad de que los funcionarios públicos utilicen a estos para eludir los mecanismos de supervisión. Esa entidad también destaca el rol de los medios de comunicación en este control: “Cuando los medios de comunicación denuncian a un funcionario público por una declaración inexacta, el sistema promueve la rendición de cuentas. Y cuando las autoridades analizan formalmente este tipo de denuncias, las declaraciones se convierten en una fuente de información para una investigación y, potencialmente, en evidencia. Cuando se utiliza una declaración para identificar a las personas políticamente expuestas o para proporcionar información valiosa para otros delitos, puede apoyar la lucha contra el lavado de dinero o los esfuerzos de recuperación de activos”, dice el equipo técnico del Banco Mundial y de las Naciones Unidas. Desde esta semana estarán disponibles las informaciones de las DD.JJ., pero ni de lejos eso significa que sean informaciones completas y verdaderas y mucho menos auténticas, pero servirán por lo menos para eso: para confirmar que se han estado presentando declaraciones maquilladas, recubiertas con barro enlodado con estiércol. Nuestro diario ha revisado decenas de documentaciones incompletas, falseadas y fraudulentas que no reflejaban ni de cerca la voracidad y la angurria de sus declarantes. Datos falsos, incompletos, ambiguos, insuficientes y hasta hilarantes han pasado por las manos de nuestros periodistas y obligaron, por ejemplo, a los Zacarías Irún a correr hasta la Contraloría para ir rectificando sus informes a medida que nuestro diario exponía a la luz sus bienes traducidos en departamentos a orillas del mar en Brasil. A partir de esta semana, y con las nuevas herramientas, todos los paraguayos tenemos que involucrarnos mucho más en la lucha de adecentar nuestro país: debemos meternos, intervenir, preguntar, controlar y exigir castigos, sean condenas de cárcel o resarcimientos pecuniarios. Tenemos que estar alertas para que las cosas no terminen una vez más en el oparei. No debemos quedarnos solo en el simple amago de escandalizarnos, sino hacernos sentir con manifestaciones públicas firmes y perseverantes, para que las habituales triquiñuelas de los sinvergüenzas no les permitan eludir esta vez la vara de la Justicia. Que los agentes fiscales sepan que una opinión pública más activa está vigilando sus acciones, y que ya no pueden ofrecer atajos para que escapen los ladrones públicos. Lo mismo va para los jueces que no se atreven a castigar las chicanas e inhibirse de ser juzgadores de aquellos con los que farrean de noche y hacen la comedia de juzgarlos de día. En fin, con el esfuerzo de todos, esta semana puede comenzar una nueva era, más favorable, en la lucha contra la corrupción en el Paraguay.