La presión merece prisión

La antigua epidemia de la corrupción que azota al país –sin vacuna posible– tiene su manantial en la Cámara de Diputados. Sancionó una ley que abre las puertas para el robo, sin consecuencias penales. ¿Dónde se ha visto una ley así? En los países organizados hay leyes para combatir los delitos; en el Paraguay, para alentarlos. El presidente Abdo Benítez vetó la ley. El veto fue ratificado el jueves por el Senado. Consumado el acto de despenalizar las declaraciones juradas falsas, los diputados no se quedaron quietos. Fueron por más para oscurecer la transparencia. O sea, evitar la divulgación de sus bienes. ¡Presionaron a la Corte Suprema de Justicia para declarar inconstitucional la publicación! ¿Quiénes lo hicieron? Son los diputados cartistas Pedro Alliana (presidente), Hugo Ramírez, Basilio Núñez, Justo Zacarías, Rocío Abed, Tadeo Rojas, Nazario Rojas, Carlos Núñez, Del Pilar Medina, Néstor Ferrer, Blanca Vargas y Rubén Balbuena. Abdistas: Freddy D’Ecclesiis, Pastor Soria, Roberto González y Hugo Ibarra. Liberales llanistas: Édgar Ortiz y Andrés Rojas Feris. “Una canallada bipartidista y bisectorial –expresa el editorial de ABC Color del miércoles– que ilustra bien la calidad de nuestra clase política”. ¿En qué consistió la presión? Recusaron a los ministros de la Corte Suprema. No querían que se cumpliese el mandato constitucional de transparentar las gestiones de los funcionarios. “Entre los que intentaron frenar la publicidad de sus declaraciones juradas –publica ABC Color el miércoles– figuran cuestionados y hasta investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los legisladores colorados y llanistas recusaron a toda la Corte Suprema un día después de despenalizar las declaraciones falsas (…) Desde cuestionados por haber ubicado a toda su familia hasta denunciados por intento de homicidio o enriquecimiento ilícito” figuran entre los firmantes. Con las excepciones de rigor, no es para que el país esté orgulloso de sus diputados. Se alzaron, desafiantes, contra la independencia del Poder Judicial. El artículo 248 de la Constitución Nacional, ordena “...Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados para ejercer la función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley”. Si el Ministerio Público fuese independiente, se podría esperar algún trámite que busque el cumplimiento de la Constitución. Pero en manos de Sandra Quiñónez es imposible esperar ninguna investigación. Tanto es así que la presión escandalosa de los diputados está encabezada por el cartista Pedro Alliana. Y Sandra Quiñónez está en el cargo gracias al cartismo. Alliana es también presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, hoy sin ninguna autoridad para exigir, por lo menos, explicaciones a su titular. Esto es así porque el Partido está dividido entre abdistas y cartistas. Estos movimientos solo se ponen de acuerdo cuando se trata de dañar a las instituciones republicanas cada vez con menos disimulo, a sabiendas de que no les alcanzará la justicia. Actuar a cara descubierta pareciera ser un hecho transparente, plausible. En algunos sí lo es, pero en otros, expresa cinismo y exhibición de fuerza embrutecida. Es el típico chusco que, teniendo quién le cubra, hace piruetas amenazantes al contrincante. Los diputados midieron a la Corte Suprema. Suelen hacerlo con algún éxito, pero esta vez rebotaron con el aplauso de la ciudadanía. Es elemental la idea de que el respeto a la independencia de los Poderes del Estado nos dará, como país, la ansiada paz desde la que se puede construir una nueva y pujante República. Los “mbaretés” de la política debilitan nuestras instituciones con el solo afán de satisfacer sus insaciables apetitos. La prensa publicó las fotografías de quienes quisieron tumbar a la Corte Suprema de Justicia. Junto con sus nombres, en la mayoría de los casos figuran las cuestiones que tienen pendientes con la justicia. Si tuviésemos un Ministerio Público independiente, se investigaría la causa que animó a los diputados a llevar adelante las desatinadas iniciativas. Suponemos la causa, pero es necesario tener las pruebas a partir de una investigación fiscal seria y libre. Recuerdo esta frase del celebrado poeta, Félix Fernández: “Estamos peor de cuando estábamos peor”.