ANDE necesita una cirugía mayor, no una ejecución sumaria.
El art. 17 de la Ley Nº 6524/20, que declaró el estado de emergencia sanitaria, liberó a los usuarios de energía eléctrica del pago de las facturas de marzo, abril y mayo, siempre que no hayan consumido más de 500 kWh al mes. Y bien, en el marco de la “cuarentena inteligente“, el Congreso acaba de sancionar una ley, proyectada por el senador Salyn Buzarquis (PLRA), que anula las facturas emitidas por la ANDE de marzo a junio y exonera hasta agosto del pago del consumo mensual de hasta 1.000 kWh de energía eléctrica, equivalente a 442.000 guaraníes. Se sabe que los legisladores no se tomaron la molestia de escuchar la opinión de la ANDE. Cometen tantos despropósitos en forma permanente que habrían creído oportuno aprovechar la pandemia para presentarse como los grandes defensores de los usuarios. Nuestro diario ha venido criticando desde hace años a esta empresa pública por prestar un pésimo servicio debido a la corrupción, al prebendarismo y al privilegio. Pero lo que necesita la ANDE es una cirugía mayor, no una ejecución sumaria.
El art. 17 de la Ley Nº 6524/20, que declaró el estado de emergencia sanitaria, liberó a los usuarios de energía eléctrica del pago de las facturas de marzo, abril y mayo, siempre que no hayan consumido más de 500 kWh al mes; los que superaron este nivel, podían diferir el pago “temporalmente”. Y bien, en el marco de la “cuarentena inteligente”, el Congreso acaba de sancionar una ley, proyectada por el senador Salyn Buzarquis (PLRA), que
anula las facturas emitidas por la ANDE de marzo a junio y exonera hasta agosto del pago del consumo mensual de hasta 1.000 kWh de energía eléctrica, equivalente a 442.000 guaraníes. Los usuarios que rebasaran este límite solo abonarían la diferencia.
Se ignora si los legisladores leyeron algún exhaustivo análisis sobre el impacto que tendría esa disposición en las arcas de la empresa estatal. Se sabe, en cambio, que no se tomaron la molestia de escuchar la opinión de la ANDE. Es muy probable que simplemente hayan querido caer en la tentación populista de ampliar en gran medida las exoneraciones y facilidades otorgadas a los consumidores por la norma antes citada, sin atender en absoluto una minucia como la del costo financiero. Cometen tantos despropósitos en forma permanente que habrían creído oportuno aprovechar la pandemia para presentarse como los grandes defensores de los usuarios. La oportunidad es excelente para hacerse de clientela. Solo que debieron pensar antes en la pertinencia de la propuesta, cuyos efectos, finalmente, volverán a recaer sobre la ciudadanía.
En efecto, el gesto demagógico le costaría a la ANDE o al Estado, que es como decir a los contribuyentes, unos 250 millones de dólares, pues la empresa estatal no está en condiciones de absorber la resultante disminución de sus ingresos, según su presidente, el Ing. Luis Villordo. Aunque agregó que esperaría el texto final de la ley para “ir sacando números”, es evidente que el costo derivado de la ocurrencia parlamentaria deberá ser compensado de algún modo, ya sea disminuyendo notablemente los gastos de inversión de la ANDE o, lo que parece inverosímil,
reduciendo y adecentando el personal. Parece que se quiso “castigar” a la ANDE por el reciente escándalo de las sobrefacturaciones, generadas por un cálculo arbitrario del consumo de los usuarios, que se basó en el promedio de los últimos meses. Si así fuera, la sanción sería insensata, ya que afectaría a la población en general y no precisamente al Ing. Villordo y a sus funcionarios.
Desde hace largos años, este diario viene criticando a esa empresa pública por prestar un pésimo servicio debido a la corrupción, al prebendarismo y al privilegio, tolerados por los legisladores temerosos de la reacción sindical y clientelística. También propugna que se ponga fin a su monopolio inconstitucional. En otras palabras, esa institución debe ser objeto de una cirugía mayor, pero no ser ejecutada sumariamente, como parece pretender la desatinada iniciativa. Tratar de granjearse la simpatía de quienes creen que lo resuelto no tendrá consecuencias económicas que, en última instancia, deberán ser asumidas por todos, implica incurrir en una engañifa o, en el mejor de los casos, en una irresponsabilidad supina.
Lo antedicho también vale, en buena medida, para la Essap SA. En efecto, la norma antes citada de la Ley Nº 6524/20 decía que el pago de sus facturas, así como el de las de aguateras privadas y el de las Juntas y Comisiones de Saneamiento, emitidas en marzo, abril y mayo, podían diferirse “temporalmente y/o tener un descuento de hasta el 100% para las micro, pequeñas y medianas empresas, y los sectores vulnerables”, con independencia del nivel de consumo. De acuerdo al proyecto de ley aprobado, se aplicará con respecto a ellas el mismo mecanismo de anulación de facturas y exoneración de pagos por el agua potable consumida desde marzo hasta agosto. También en este caso es improbable que los parlamentarios hayan tenido a la vista algún análisis del impacto que tendrá la ampliación del plazo en la empresa que preside el Ing. Natalicio Chase. Tampoco él, que aún no se ha manifestado, habría sido convocado por los legisladores para conocer su opinión.
Es presumible que, al igual que la ANDE, la Essap SA deba soportar un alto costo financiero, que se podría trasladar al Estado, o sea, a los contribuyentes, si es que no se opta por empeorar el servicio reduciendo la inversión. Lo cierto es que el Poder Legislativo se valió de la pandemia, que en otros órganos ha servido para amañar contrataciones, con el fin de exhibir un populismo de la peor especie, que tarde o temprano terminará por reducir aún más la calidad de las prestaciones de energía eléctrica y agua potable. Habría sido de esperar que los grandes adversarios de las privatizaciones o incluso de las desmonopolizaciones se opusieran a que las empresas estatales sean utilizadas para practicar la demagogia a costa de su sostenibilidad. No ocurrió así y el senador Buzarquis fue el único orador en la breve sesión en la que el Senado aprobó por amplia mayoría la versión final de su desventurado proyecto. Se ocupó, sobre todo, de censurar con severidad las sobrefacturaciones de la ANDE, como si ellas fueran motivo suficiente para minar sus finanzas. Ninguno de sus colegas le respondió que las víctimas de su furia vengativa serían, a la larga, sus propios conciudadanos.
Resta confiar en que el Poder Ejecutivo objete el disparate comentado, en defensa del interés general, que debe primar sobre el de los embusteros o irresponsables.