Varias irregularidades nunca investigadas

Óscar Chamorro Lafarja es propietario de alrededor de una quincena de empresas dedicadas a lucrar con el Estado. Hasta mediados del año pasado, sus firmas consiguieron más de 360 contratos y aseguraron G. 804.000 millones (unos US$ 140 millones).

Todo esto a pesar de las numerosas denuncias realizadas en contra de las diferentes firmas.

Por ejemplo, en 2012 un proceso de compra de televisores a una de las empresas de Chamorro Lafarja por parte del Ministerio de Educación tuvo que ser anulado, debido a que iban a entregar productos por el triple del precio real.

Ese mismo año, la firma Doram SACI, que luego se convirtió en SST Security Service Technology SA, fue denunciada por supuestamente explotar a sus funcionarios, a los que les pagaba apenas G. 1.400.000 y les obligaba a cumplir horarios de 12 horas continuadas.

Sin embargo, la empresa declaraba al IPS que pagaba a cada uno de sus funcionarios G. 3.100.000.

Esa misma empresa también fue denunciada ante el Ministerio Público por la retención arbitraria de salarios a más de 1.000 empleados.

Precisamente, SST fue la firma que en 2019 estuvo a punto de hacerse con el mayor contrato en la historia de las licitaciones públicas paraguayas para la provisión de servicios de seguridad y vigilancia en el IPS.

La previsional adjudicó con US$ 28 millones a un consorcio integrado por SST y Bullers SA, ambas propiedad de Chamorro Lafarja, en un proceso que estuvo direccionado y sobrefacturado, según confirmaron la Contraloría General de la República y un informe del entonces ministro asesor Carlos Arregui.

El caso fue a la Fiscalía y nunca hubo siquiera un imputado.

Hace apenas algunas semanas, limpiadoras de la firma Renova SA, también propiedad de Chamorro, se manifestaron reclamando que la empresa les debía salarios con al menos cuatro meses de retraso.