Corte evaluó si hubo delito de los diputados
La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes, en entrevista con ABC Color, dijo ayer que no denunciaron a los diputados que intentaron intervenir en el proceso sobre la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas porque, tras evaluar la conducta de los mismos, concluyeron que no hubo coacción o amenaza, en los términos que lo establece el artículo 287 del Código Penal.
Fue en referencia a la presentación realizada por 18 diputados, entre colorados (cartistas y abdistas) y liberales llanistas, quienes pretendieron recusar a los ministros y camaristas que debían fallar sobre si las declaraciones juradas debían o no hacerse públicas.
La ministra Llanes apuntó que resolvieron rechazar la presentación por su notoria improcedencia, por carecer de requisitos básicos establecidos en el Código Civil, además de ser extemporánea.
Respecto al intento de los diputados de influir en una cuestión jurisdiccional, que está expresamente prohibido en el artículo 248 de la Constitución Nacional “De la independencia del Poder Judicial”, Llanes señaló que con el pronunciamiento judicial que hicieron quedó abortada la pretensión.
La ministra señaló también, ante una consulta sobre si queda en el campo de la Cámara de Diputados evaluar la conducta de estos legisladores, que efectivamente es así, ya que la misma Constitución establece que cada Poder del Estado actúa de manera separada, pero en equilibrio y recíproco control.
El pronunciamiento realizado por miembros de la Corte y camaristas rechazando el intento de los diputados de intervenir en el proceso sobre declaraciones juradas no menciona expresamente el artículo 248 de la Constitución.
Eso motivó que los impulsores de la acción de inconstitucionalidad por la negativa de la Contraloría a dar a publicidad las declaraciones juradas de funcionarios presentaran un pedido de aclaratoria sobre ese punto específico que establece la Constitución.
La acción de los diputados podría considerarse un alzamiento en contra de disposiciones de la Carta Magna.