Junta municipal de Villeta rechaza balance
VILLETA (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). La Junta Municipal de esta ciudad rechazó la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2019 y se solicita a la Contraloría General de la República auditar la administración del intendente liberal Teodosio Gómez.
En abril pasado, a través de la resolución 105/20, los concejales rechazaron el balance de la Intendencia. La resolución fue vetada totalmente por Gómez, y la semana pasada, la Junta se ratificó en el rechazo con 9 votos, que levantaron el veto.
“Hemos rechazado el balance porque no tuvimos acceso a los documentos respaldatorios en tiempo y forma, ya casi a diez días del cierre del plazo se enviaron los papeles y no se pudo verificar, y ahora con el rechazo se abre la posibilidad de que la Contraloría audite la administración”, dijo el concejal Ricardo Arroyo (ANR).
Agregó que se pudieron observar algunas contrataciones realizadas sin concurso como la compra de materiales para la reparación de calles de las compañías, en la que con la cantidad de cargas superaba el monto para contrataciones directas.
Arroyo comentó que durante los informes cuatrimestrales del año se solicitaron en varias ocasiones al ejecutivo municipal los documentos para corroborar algunos gastos, pero que no tuvieron respuesta y que por ello se rechazó el balance general.
Por su lado, el concejal Luis Verón (PPS) también indicó que el principal obstáculo que tuvo la junta para estudiar el balance es la falta de documentos y que la Intendencia los remitió en forma tardía. “Vamos a pedir a la Contraloría que se audite todo el periodo, porque cada año tenemos el mismo inconveniente de la falta de documentaciones”, expresó Verón.
Ambos concejales indicaron que todos los años el Intendente recurre a la figura del veto para aprobar el balance, pero este año dos liberales, Arnaldo Centurión y Luciano Rojas, votaron contra el veto.
Sin embargo el jefe comunal calificó de una maniobra política por las cercanías de nuevas elecciones y una represalia por la investigación sobre la venta de unas 77 hectáreas de terreno fiscal en la ribera del río Paraguay que involucra a dos concejales.
“Es evidente que se trata de una cuestión política y represalia de algunos concejales, en especial de mis dos correligionarios que están metidos en el tema de la venta irregular de las 77 hectáreas de la ribera y que el mes pasado el fiscal adjunto ordenó proseguir con la investigación y en donde se habla de un daño patrimonial de más de 21 mil millones de guaraníes”, expresó Gómez. Este asegura que cuenta con todos los documentos y que no hay deuda alguna con nadie.