¿Qué esconde el Viceministerio de Transporte?

El artículo 28 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a informarse y la Ley 5282/14 reglamenta el Libre Acceso a la Información Pública, es decir, obliga a las instituciones públicas a proveer todos los documentos que un ciudadano solicite. Pero al parecer, la legislación paraguaya se desconoce en el Viceministerio de Transporte, cuyo titular es Pedro Britos, de profesión abogado; no solo es poco accesible, sino que tampoco facilita informes de interés público. La institución cada mes procesa la aprobación de transferencia de más de G. 6.000 millones a empresas de transporte, en promedio. ¿Cuáles? No se sabe. ¿Cuánto específicamente recibió cada una? Tampoco. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio. ¿Qué empresas cumplieron con ellos? y ¿Quiénes son los responsables de cada compañía? También forman parte de los secretos. Al respecto, Britos solamente ha respondido –generalmente vía mensaje whatsapp- que hasta marzo el Estado pagó más de G. 19.500 millones a los transportistas, sin dar mayores detalles, pese a que se le solicitó vía el Portal de Acceso a la Información Pública, expediente Nº 30.513. ¿Por qué es información relevante? Ese dinero que va al bolsillo de los transportistas es producto del pago de los impuestos de la ciudadanía, contribución que principalmente corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los contribuyentes tienen derecho a conocer el uso de esos recursos, en forma mensual, así como por ejemplo se detalla el pago de los salarios y las compras públicas en la web de las instituciones públicas, con nombre y apellido y los respectivos montos. El Viceministerio de Transporte tiene la obligación de informar el destino de los tributos de forma sistematizada, como las demás instituciones. Hoy no se encuentra absolutamente nada relevante en su página, pese a la transcendencia de su función. Otro aspecto que involucra a esta institución y afecta directamente el bolsillo de la gente es la definición del precio del pasaje del transporte público, que justamente incluye el subsidio pagado por el Estado con el fin de alivianar la tarifa al usuario del transporte público. Es la esencia. Pero también se desconocen los criterios para fijar el valor del boleto. Solo se sabe que están como variables la cotización del dólar y el precio del combustible, además de la cantidad de pasajeros, que es a grandes rasgos lo que suele comentar Britos a la prensa. Las palabras se las lleva el viento, viceministro. Hacen falta informes completos. Los documentos permitirán conocer quiénes son las personas detrás de las firmas y verificar si las mismas cumplen con sus obligaciones laborales respecto a sus trabajadores, puesto que en esta pandemia se comprobó que centenares de choferes no accedieron a la compensación pagada por el Instituto de Previsión Social (IPS) porque sus patrones no cumplieron con el aporte social a la previsional, pese a que les descontaron el importe. Además, no es un secreto que hoy el sistema permite que las empresas morosas cambien de denominación social sin antes saldar sus deudas; el propio IPS llegó a reconocer que cientos de transportistas recurrieron a esta maniobra para acceder a subsidios del Viceministerio de Transporte y les dejó deudas multimillonarias. Si el Viceministerio se transparentara, podríamos cruzar los datos y encontrar empresarios que reciben subsidios y son morosos del seguro social. Eso por citar una irregularidad, quizás otras habrá. Nada teme el que no tiene qué esconder. Pedro Britos, al parecer, esconde mucho.