Una Justicia adicta beneficia a los Zacarías Irún.
Está visto que el funesto clan esteño sigue influyendo decisivamente en la Circunscripción Judicial del Alto Paraná. Lo resuelto ayer por la jueza penal de Garantías Cinthia Garcete, al sobreseer definitiva o provisoriamente a los encausados en torno al desvío de 1.200 millones de guaraníes previstos para la publicidad institucional de la Municipalidad de Ciudad del Este, es solo una muestra más del sometimiento de la judicatura al matrimonio Zacarías Irún-McLeod. El clan tejió durante dos décadas una vasta red de complicidades en los sectores público y privado, que sigue siendo muy activa. Los resultados conocidos hasta ahora dan a entender que jueces y magistrados de Ciudad del Este están a su servicio, y no debe descartarse que, a este paso, los Zacarías Irún pronto estén de nuevo en la cúspide del poder en el Alto Paraná y en su capital. Los esteños no deben permanecer impávidos ante lo que se viene cocinando en sus tribunales para repotenciar a un perjudicial clan desalojado a costa de mucho sacrificio.
Está visto que el funesto clan esteño sigue influyendo decisivamente en la Circunscripción Judicial del Alto
Paraná. Lo resuelto ayer por la jueza penal de Garantías Cinthia Garcete, al sobreseer definitiva o provisoriamente a los encausados en torno al desvío de 1.200 millones de guaraníes previstos para la publicidad institucional de la Municipalidad de Ciudad del Este, es solo una muestra más del sometimiento de la judicatura al matrimonio Zacarías
Irún-McLeod. El Ministerio Público arrimó pruebas contundentes acerca del delito de lesión de confianza cometido en 2015, 2016 y 2018, para financiar campañas electorales, por presunta instigación del senador Javier Zacarías Irún
(ANR, cartista), ahora absuelto en forma definitiva, al igual que el exintendente interino Alberto Rodríguez (ANR,
cartista). La trama había sido revelada por el exjefe municipal de prensa Juan Sanabria, quien sostuvo que el susodicho le había instruido en enero de 2019 que incinere documentos públicos y controle los datos a ser proveídos a los agentes fiscales Josefina Aghemo y René Fernández, amenazados de muerte tras haber formulado la imputación en marzo del mismo año.
Sanabria, hoy sobreseído provisoriamente –junto con
Sandra McLeod, el empresario Carlos Bordón, el exdirector municipal de Finanzas David Espínola y los hermanos Dora, Gustavo, Lucía y Olga Rojas– se retractó más tarde y lo mismo hizo en la audiencia preliminar, alegando haber sido “presionado” y “engañado”. ¿Por el Ministerio Público para que le entregue el “Screen ZI”, es decir, la captura de pantalla de los mensajes que recibió? Si aquí hubo coacción, provino quizá de uno o más interesados en evitar su justa condena. En todo caso, las acusaciones por los delitos de lesión de confianza y de instigación para cometerla no se fundaron en las declaraciones del “arrepentido” Sanabria, sino en abundantes pruebas documentales. De nada sirvieron, porque fueron ignoradas por la misma jueza que había desestimado dos denuncias contra el legislador de marras por usurpación de funciones públicas y que le había otorgado la libertad ambulatoria en la causa que acaba de cerrar con ignominia, pese a que había intentado obstruir las investigaciones. Esta última resolución fue confirmada, al cabo de nueve meses, por los también dóciles camaristas Juliana Jiménez, Graciela
Ortiz y Perfecto Orrego. Ahora resulta que el presunto instigador de un grave hecho punible, tras haber recurrido a varios incidentes dilatorios, termina siendo absuelto, sin siquiera haberse sometido a un juicio oral y público.
Primero se “congela” el expediente, luego se resuelve, en dos instancias, que quien trató de entorpecer las pesquisas permanezca en su casa y, por último, se lo sobresee definitivamente. Estas resoluciones inicuas no pueden sorprender a quienes saben que el clan de los Zacarías Irún controló durante dos décadas el Alto Paraná y, sobre todo, su capital. Su jefe fue juzgado en una circunscripción judicial que sobresale por la corrupción, muchas veces denunciado por el Colegio de Abogados departamental. Allí
no son pocos los que le deben algún favor para hacer “negocios” o instalarse en la función pública para robar con fervor. El senador puede confiar en que el concedido por él sea oportunamente devuelto con alguna resolución judicial, como la de los camaristas Isidro González, Mirian
Meza de López y Stella Maris Zárate, que confirmaron el fallo del juez penal de la Adolescencia, Marino Méndez, que en junio de 2019 denegó la reapertura de una causa por enriquecimiento ilícito, que molestaba a su patrón y que había sido llevada a Ciudad del Este, pese a que el presunto delito derivaba de hechos ocurridos en diversos puntos del país.
El mencionado juez fue primero suspendido en el cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, porque en diciembre de 2018 prohibió que la Junta Municipal trate la renuncia de la entonces intendenta Sandra McLeod. Luego solo fue apercibido, pese a que entendió en un amparo que debió plantearse en el fuero electoral y a que usurpó la facultad de los ediles de tratar dicha renuncia. Poco después, fue confirmado en el cargo por la Corte Suprema de Justicia, con el voto llamativo de la ministra Carolina Llanes, exinterventora de la Municipalidad esteña, donde pudo constatar el latrocinio allí practicado durante tantos años. El aún poderoso protector de Marino Méndez , su esposa y sus allegados tenía todas las de ganar jugando en cancha propia, esto es, en la circunscripción judicial “supervisada” por la ministra Gladys Bareiro de Módica.
Las actuaciones de la jueza Garcete no hacen más que reflejar la influencia indebida del poder político y económico o, en otros términos, la dependencia del Poder Judicial de factores contrarios a la correcta administración de Justicia.
El clan de los Zacarías Irún tejió durante dos décadas una vasta red de complicidades en los sectores público y privado, que sigue siendo muy efectiva. Perdió la Municipalidad de Ciudad del Este, pero sigue mandando como antes, al menos en lo que a la impunidad respecta.
Sigue abierta la causa por el hecho punible de declaración jurada falsa de bienes y rentas, que está siendo tramitada en Asunción. Por razones obvias, el matrimonio Zacarías Irún-McLeod quiso que fuera llevada a su feudo esteño, pretensión rechazada por un juez y por un Tribunal de Apelación en lo Penal. Es de esperar que, al menos en este caso, los juzgadores se ciñan a la ley y desoigan las órdenes del opulento personaje que llegó a confesar, con todo desparpajo, que jamás había pagado el impuesto a la renta personal.
Los resultados conocidos hasta ahora dan a entender que jueces y magistrados de Ciudad del Este están al servicio del ominoso clan, y no debe descartarse que, a este paso, los Zacarías Irún pronto estén de nuevo en la cúspide del poder en el Alto Paraná y en su capital. Los esteños no deben permanecer impávidos ante lo que se viene cocinando en sus tribunales para repotenciar a un perjudicial clan desalojado a costa de mucho sacrificio.