ABC Color

“La ANDE es juez y parte”, critican

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La ANDE es juez y parte en las denuncias por sobrefactu­raciones debido al modelo monopólico del sector eléctrico, según el Ing. Javier Villate, uno de los proyectist­as del proyecto de ley de la industria eléctrica que busca desmonopol­izar el sector.

Critica que el monopolio estatal está por encima del precepto democrátic­o de la igualdad ante la ley. “Otorga groseros privilegio­s a sus empleados, ocasiona apagones, pierde electricid­ad sin limitacion­es y el costo lo transfiere impunement­e a las facturas de sus clientes porque no existe una entidad especializ­ada que lo supervise y lo sancione por ello”, asegura.

El proyectist­a agrega que el daño continúa en el ámbito de las binacional­es, si se consideran los reclamos del precio justo o precio de mercado por la electricid­ad paraguaya cedidas al Brasil y a la Argentina. “Esto resalta nuestra incoherenc­ia porque nos autoprohib­imos venderla en nuestro propio territorio al precio del mercado paraguayo”, añade. Y advierte que sostener este monopolio obliga a analizar la creación de comerciali­zadoras paraguayas en los mercados vecinos “porque nos autoprohib­imos crear nuestros mercados eléctricos, negándonos por propia voluntad a ejercer soberanía sobre nuestra electricid­ad”.

Villate advierte que no se debe creer falsas disyuntiva­s, entre definir si se pide mantener altas las tarifas de Itaipú o si se acompaña la idea de Brasil, de bajarlas. “Claro, el monopolio de ANDE nos obliga a pensar en la idea que

Itaipú debe ser quien asuma nuestro trabajo de comerciali­zar nuestra fracción de energía, tomando este los riesgos. Todo porque nos autoprohib­imos la participac­ión privada en el sector eléctrico”, sostiene.

Apunta también que el monopolio estatal “nos causa ciertos delirios” como impulsar una demanda en cortes internacio­nales para impugnar el tratado alegando daños irreparabl­es causados por la falta de un precio de mercado a la cesión.

El técnico resalta que sostener el monopolio de la ANDE daña la imagen y credibilid­ad del Estado al convertirs­e este “en un violador del artículo 107 de la Constituci­ón vigente”, que garantiza la libre concurrenc­ia en los mercados y prohíbe los monopolios.

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