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Hablar del hambre implica reconocer que en nuestro modo de funcionamiento social hay factores estructurales que producen no solo desigualdad, sino privaciones extremas a amplios sectores sociales. No se ha logrado establecer una política de Estado en materia de combate al hambre y garantía del derecho a la alimentación.

La crisis socioeconómica derivada de la pandemia del covid-19 torna ineludible el abordaje de la problemática del hambre en el país, señala la abogada especializada en DD.HH. y alimentación Milena Pereira Fukuoka.

Milena Pereira Fukuoka, analiza la cuestión del hambre en nuestro país y cómo se viene abordando en los últimos años, afirmando que no ha tenido aún la centralidad que amerita. Ha habido esfuerzos significativos, como el proceso de construcción del Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay (Planal) entre 2007 y 2009, pero no se ha logrado establecer una política de Estado en materia de combate al hambre y garantía del derecho a la alimentación.

Agrega que, “hablar del hambre implica reconocer que en nuestro modo de funcionamiento social hay factores estructurales que producen no solo desigualdad, sino privaciones extremas a amplios sectores sociales. Antes de la actual pandemia, el once por ciento de la población en Paraguay ya se encontraba en situación de subalimentación, algo completamente inaceptable en un país con enorme capacidad de producción de alimentos, con abundancia de recursos energéticos, con población mayoritariamente joven.

–¿Por qué no se ha avanzado en una política pública en un tema tan básico como este?

–Para que se genere una política pública que dé respuestas a una problemática social, la dimensión política es decisiva. La definición de las prioridades que tenemos como país es política. Se precisa la decisión de establecer como objetivos prioritarios la lucha contra el hambre, el aseguramiento de una alimentación suficiente y saludable para todas y todos, la erradicación de la desnutrición infantil. Porque es un derecho fundamental, porque es la base de la vida y de la salud de las personas, incluso si el énfasis responde más bien a objetivos de desarrollo social.

Esa decisión política es la que tendría una traducción en presupuesto, en inversión social, en la organización de un sistema interinstitucional, en la creación de programas y la mejora de los existentes, en la mayor valoración y apoyo a las iniciativas comunitarias que contribuyen a la seguridad alimentaria.

Con la emergencia sanitaria a causa del covid-19 y sus repercusiones socioeconómicas, que impactan en términos vitales en los sectores económicamente vulnerables, se hace ineludible la inclusión de la problemática del hambre en la agenda política y social.

–¿Cuáles serían las estrategias principales a nivel nacional para combatir el hambre y garantizar el derecho a la alimentación?

–Es necesario pensar, por una parte, en cómo responder a la situación que vivimos con la coyuntura de la pandemia y sus impactos sociales de agudización de la pobreza y la extrema pobreza, el hambre y la inseguridad alimentaria. También cómo asegurar recursos básicos alimentarios a todas las personas, familias y comunidades afectadas.

El Estado implementó dos programas de emergencia, Ñangareko y Pytyvõ, con una cobertura y eficiencia en la llegada muchísimo mayor del segundo. Durante los próximos seis meses, como mínimo, habrá que ver cómo se materializará desde el Estado el apoyo alimentario de emergencia a toda la población que lo precisa.

Además de las transferencias monetarias, el fortalecimiento del proyecto de comedores comunitarios es clave y una política pública de apoyo a las ollas populares que emergieron como respuesta de las comunidades en situación de vulnerabilidad para hacer frente al hambre durante el aislamiento social obligatorio. En las ollas populares que se extendieron en todo el país se pone de manifiesto algo estratégico, la existencia de redes comunitarias que el Estado ya no precisa crear, sino reconocer, valorar y apoyar.

Hay programas que existen y requieren ser mejorados. El Programa de Alimentación Escolar tendría que brindar un servicio óptimo en las escuelas que funcionan en lugares con altos índices de pobreza y pobreza extrema.

El Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI), como establece la ley, debería abarcar a todos los niños y las niñas menores de cinco años y mujeres embarazadas que se encuentren en situación de pobreza, bajo peso, desnutrición o cualquier situación de vulnerabilidad nutricional en todo el territorio nacional.

Un tercer aspecto estratégico es el fortalecimiento de la producción y comercialización de alimentos saludables. Aquí son centrales las políticas de apoyo a la agricultura campesina e indígena, incluyendo las compras públicas de alimentos producidos por la agricultura familiar para proveer de insumos a los comedores comunitarios, las ollas populares, el servicio de alimentación en las escuelas.

Milena Pereira Fukuoka, abogada, especialista en derechos humanos y políticas públicas, desde el año 2006 estudia el funcionamiento de los sistemas de garantía de derechos humanos en el nivel nacional y regional, con énfasis en la aplicación de los derechos sociales. Su tesis de maestría analizó el marco de políticas públicas para la garantía del derecho a la alimentación adecuada en el Paraguay, temática en la que se especializa desde el año 2010.