EDITORIAL
Sandra Quiñónez, garante de la impunidad. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tiene desde el miércoles 24 de junio elementos de juicio suficientes como para ordenar sendas investigaciones penales sobre numerosos funcionarios públicos, elegidos por el pueblo y los demás, con la publicación de las declaraciones juradas de muchos de ellos en las que se observan situaciones irregulares, además de meteóricos ascensos patrimoniales. Es la obligación que le impone el artículo 290 del Código Procesal Penal al ordenar que el Ministerio Público organice una investigación cuando reciba, “por cualquier medio”, información fehaciente sobre la posible comisión de hechos punibles. Demasiados políticos aumentaron sus respectivos patrimonios en una escala difícilmente compatible con el sueldo y los demás gastos que cargan a los contribuyentes para su uso. Información fehaciente para el Ministerio Público. Las obscenas fortunas que están saliendo a la luz surgieron al abrigo de la impunidad y eso debe acabar.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tiene, desde el miércoles 24 de junio, elementos de juicio suficientes como para ordenar sendas investigaciones penales sobre numerosos funcionarios públicos, elegidos por el pueblo y los demás, con la publicación de las declaraciones juradas de muchos de ellos en las que se observan situaciones irregulares, además de meteóricos ascensos patrimoniales.
Es la obligación que le impone el artículo 290 del Código Procesal Penal al ordenar que el Ministerio Público organice una investigación cuando reciba, “por cualquier medio”, información fehaciente sobre la posible comisión de hechos punibles.
Demasiados políticos aumentaron sus respectivos patrimonios en una escala difícilmente compatible con el sueldo y los demás gastos que cargan a los contribuyentes para su uso. Información fehaciente para el Ministerio
Público. No hay que excluir que hayan omitido declarar partes importantes de sus caudales. Desde luego, hay otros que tuvieron la misma suerte, incluyendo a magistrados o a presidentes y directores de empresas estatales, también devenidos multimillonarios en la función pública. Otra información fehaciente a investigar por parte de los fiscales.
Un memorable video difundido en 2015 mostró al entonces senador Jorge Oviedo Matto (Unace) confesando “el mecanismo”: “Un concejal de Asunción gana más que un senador. Gana G. 32 millones, que no es el sueldo ahí. Ahí es barrido y limpieza, empresa encargada de recolección de basura, compra de útiles de oficina, compra de uniformes para los funcionarios, empresa encargada de la limpieza de la Municipalidad, el que provee de combustible. Yo sé todo lo que hay y entre 24 no más se reparten la torta”.
La dieta es lo de menos, ya que las licitaciones públicas amañadas son una fuente de ingresos mucho más importante. Parece lógico pensar, al ver las declaraciones juradas, que “el mecanismo” se extiende a todo el aparato
estatal, incluyendo a quienes ocupan cargos no electivos, y agregando otros tantos modos para el enriquecimiento ilícito, como el tráfico de influencias, el soborno y la venta de votos, y más. ¿Cómo puede el Ministerio Público no interesarse en eso?
La Ley Nº 2523/04 castiga con uno a diez años de cárcel al elegido, nombrado o contratado, como quiera que se llame el cargo, que “haya obtenido la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios, cuyo valor de adquisición, posesión o usufructo sobrepase sus legítimas posibilidades económicas, y los de su cónyuge conviviente”.
Y también castiga con la cárcel al funcionario que suscriba contratos que le beneficien a él o a sus parientes y al que influya para obtenerlos.
El Código Penal, además, impone la cárcel al funcionario público que solicite o acepte beneficios a cambio de contraprestaciones propias del servicio que está obligado a dar. Aquí resulta mucho más fácil convertirse en un nuevo rico en el Estado que trabajando duro en el sector privado, siempre que se esté dispuesto a delinquir.
“Me gustaría reparar los años que viví equivocado con la profesión que elegí. Ser político es más rentable”, dice una de las tantas manifestaciones de la indignada ciudadanía en las redes sociales, tras conocerse algunos de los escandalosos patrimonios de quienes ejercen la función pública. En efecto, un profesional o un emprendedor, jamás amasarían en diez o quince años, aunque sudaran la gota gorda, las enormes fortunas que en tal periodo, o menos, acumularon los mencionados “servidores públicos”. A Sandra Quiñónez esto nunca le pareció irregular.
De paso, aquellos indicios también deberían servir para que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) revise por qué los sujetos obligados no informaron de operaciones sospechosas en el crecimiento patrimonial de los funcionarios; y que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) revise si los nuevos ricos en el funcionariado pagaron los tributos generados por su riqueza escandalosa.
La rapiña se ve tan grosera, que si los organismos de control y punitivos no la castigan, aparecerán como inútiles o, lo que es más probable, como cómplices.
Sandra Quiñónez detenta el monopolio de la acción penal y, sin embargo, guarda hasta ahora el mismo oprobioso silencio que la caracteriza ante los casos de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos que rozan a amigos y empresas de Horacio Cartes. En efecto, si los funcionarios se atreven a enriquecerse tanto es porque están muy seguros de la complicidad del Ministerio Público.
Sandra Quiñónez es su garantía, lo que explica por qué la elevaron al alto cargo que ostenta a pesar de estar entre los menos destacados de los que compitieron por él.
La información fehaciente es tanta y tan llamativa que el Ministerio Público no puede dejar de entender de oficio ante indicios no solo de enriquecimiento ilícito, sino también de lavado de dinero y de evasión tributaria, a partir de las declaraciones juradas.
Pero ya está sistematizando la excusa falaz de que necesita esperar los estudios de correspondencia de la Contraloría que, de mala fe, alegan fiscales para justificar su planeada inacción.
La ciudadanía no debe darse por satisfecha con tener acceso a las declaraciones juradas, al cabo de una larga lucha, sino exigir a Sandra Quiñónez que cumpla el artículo 290 del Código Procesal Penal. Las obscenas fortunas que están saliendo a la luz surgieron al abrigo de la impunidad y eso debe acabar.