Problemática de drogas
Escasas plazas para desintoxicación e inexistencia de comunidad terapéutica son las principales falencias de la respuesta estatal a la problemática de drogas. Camilo Torres, juez penal de la adolescencia, afirma que la pandemia agravó el abandono de los
El combate a las drogas en nuestro país se centra en la prevención y represión, pero no atiende la creciente demanda de los adictos que, abandonados a su suerte, terminan por ingresar al sistema penal.
“Realmente nos vemos sobrepasados porque hay una gran demanda de los adolescentes de consumir esas sustancias y no estamos viendo respuestas de parte del Poder Ejecutivo que es el encargado de crear las políticas públicas no solo para esa famosa desintoxicación, que es aislarle al chico 20 días en un centro donde se le tiene ahí encerrado, sin consumo. Posteriormente, él vuelve a su entorno y ahí es donde no hay un seguimiento efectivo para cortar esa cadena, ese círculo vicioso que es la sustancia. El chico vuelve a su barrio y por poco no le reciben con chespi en la mano; esa es una realidad que tenemos que asumir”, dijo el juez penal de la adolescencia, Camilo Torres.
La internación para desintoxicación en el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (Cenptra) dura un mes. Posteriormente, lo ideal es que el paciente sea derivado a una comunidad terapéutica donde pueda trabajar la deshabituación durante un periodo que puede ir de 6 meses a 2 años, pero el Estado no cuenta con esta opción.
“Esta (la desintoxicación) es la primera etapa y estamos en falta en cuanto a la segunda etapa del tratamiento que sería la deshabituación, la famosa granja que acá no existe. No hay albergues para adolescentes, menos adolescentes en conflicto con la ley penal y mucho menos para adolescentes en conflicto con la ley penal y en consumo o problemática de drogas. Entonces, este chico está abandonado, está a la de Dios es grande. No se puede pretender que esas personas cambien si hablamos de un sistema de justicia penal con enfoque restaurativo -que es que esa persona pueda reconocer el hecho y ser recuperado y reinsertado en la comunidad- si es que el propio Estado, que es el órgano rector, no te ofrece las garantías para estos jóvenes”, explicó el juez.
Torres abogó por un abordaje interinstitucional e interdisciplinario del tema.
“Si en esta pandemia no nos dimos cuenta de que estamos hipotecando el futuro con estos chicos sin darles la contención y la posibilidad de recuperarse, estamos mal; nos muestra como una sociedad fría e indolente”, concluyó.